Que la educación en Chile está en crisis no es secreto para nadie desde hace años, aunque el movimiento estudiantil ha sido incapaz enfrentar las reformas neoliberales implementadas tanto por la Concertación como por el nuevo gobierno de Piñera.
Desde el acuerdo Confech-Mineduc el 2005 y la aprobación de la Ley General de Educación por el Senado en marzo del 2009 las movilizaciones universitarias han sido mayoritariamente reactivas, buscando impedir que las medidas planteadas por el bloque en el poder se implementen, pero sin existir la capacidad para poder levantar una propuesta desde abajo.
Sin embargo, esta tendencia puede estar cambiando. El año 2010 se pudo ver una serie de discusiones a nivel de distintas facultades de la Universidad de Chile en la que se buscaba dar una respuesta y pasar a la ofensiva frente a los cambios que desde los medios, y a gotera, intentaba (e intenta aún) pasar el gobierno. Entre las facultades que discutieron se encuentran las del campus Juan Gómez Millas así como Medicina, la FAU, Ingeniería e INAP. Es el primer campus el que logró levantar una propuesta más potente, centrándose en demandas de corto plazo y posiciones políticas de mediano y largo plazo que enmarcan la lucha hacia la construcción de una educación al servicio de los trabajadores.
En la misma línea que el planteamiento levantado desde el campus JGM, desde el Frente de Estudiantes Libertarios creemos que los ejes centrales de la lucha en el actual período debe centrarse en lograr una educación entendida como un derecho social y no como un bien transable en el mercado, 100% financiada por el Estado, con autonomía en su proyecto académico y controlado por la comunidad organizada.
En este sentido, y apuntando al progresivo logro de dichos objetivos estratégicos es que creemos luchar por el rechazo al lucro y al financiamiento estatal de instituciones que tengan dueño, pues el Estado no puede subvencionar negocios de los privados, así como la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto y a las donaciones. Además, es necesario rechazar los convenios de desempeño como lógica de financiamiento de las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, abogando por un financiamiento estatal a través de fondos de libre disposición.
A la par con dicha lucha, es necesario pelear por un congelamiento real y nacional de los aranceles en la educación superior y por la condonación de las deudas provenientes de créditos usureros y la eliminación de los intereses, para avanzar hacia una reducción de los mismos aranceles apuntando a la gratuidad. Estos cambios deben ir unidos con una mayor democratización de las instituciones buscando la participación triestamental efectiva en las instituciones.
Finalmente, se hace indispensable cuestionar las lógicas de acceso a las Universidades. La Prueba de Selección Universitaria solamente reproduce las injusticias y diferencias propias del sistema educacional chileno, dividido según la capacidad monetaria de las familias.
Creemos que esta serie de principios y posiciones políticas nos permitirán, como movimiento estudiantil, levantar una propuesta desde abajo que apunte a la construcción colectiva de un nuevo Sistema Público de Educación Superior, que tenga entre sus prioridades no producir profesionales al servicio de los ricos ni investigaciones para las empresas, sino el desarrollo de los trabajadores y trabajadoras.
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