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El Frente de Estudiantes Libertarios es una organización político-social de carácter nacional integrada por militantes de las diferentes bases del país constituyendo así una organización única, federativa y horizontal que busca desarrollar una corriente revolucionaria entre los estudiantes, con el fin de levantar un Movimiento Estudiantil verdaderamente comprometido con la defensa y con la lucha por una Educación pública para el Pueblo y al servicio y dirección de las mayorías.

martes, 19 de julio de 2011

Compañeros: 


En este primer número del boletín de opinión anarquista “Voz Negra”, realizaremos un análisis de la situación nacional, dando a conocer nuestros planteamientos políticos. Nos interesa especialmente dar a conocer nuestra interpretación del panorama actual de movilización social, entregando elementos para el debate entre las organizaciones sociales del campo popular y los militantes de intención revolucionaria que se encuentran dando la pelea.









El modelo neoliberal atraviesa por su peor crisis social desde la década del 80
Durante lo que va transcurrido de este año, hemos visto cómo se levantan masivas manifestaciones que cruzan a diversos sectores de la sociedad chilena. Protestas masivas que expresan una profunda crítica de masas al modelo de desarrollo neoliberal, que no se veían desde los ‘80.

Los números de participantes ya alcanzan los cientos de miles. Desde las movilizaciones en Magallanes, pasando por Calama, las marchas contra el proyecto Hidroaysén, se han contabilizado millares de chilenos en pie de lucha. Sin embargo, es de acuerdo común que han sido las marchas por la educación las más masivas y significativas, llegando a contar con la asistencia, a nivel nacional, de cerca de 200.000 personas el 16 de junio y 500.000 el 30 de junio. Como ya mencionamos, la lectura que masivamente se está realizando, es que los principales temas que enfrenta la sociedad chilena, no son sencillamente problemas puntuales, tampoco se deben solo a conflictos de interés, corrupción o falta de eficiencia y transparencia, ni se originan exclusivamente en la ausencia de participación popular, ni en el alto grado de concentración económica. Más bien, lo que comienza a clarificarse, de forma transversal y cada vez más extensamente en los sectores populares, es que todos estos elementos, que se han hecho pan de cada día y se dan de forma combinada, se deben al modelo de sociedad, impuesto desde hace décadas por parte de la Dictadura.

Es otras palabras, se trata de la manifestación de una crisis estructural que a venido pujando de manera ascendente desde la ultima década. Tenemos aún vivo el recuerdo de los años 2005-2006, en que pudimos presenciar masivas y radicales movilizaciones de trabajadores y de estudiantes secundarios, las que por medio de las “mesas de trabajo”, “comisiones ciudadanas” y el maquillaje de las políticas sociales, pudieron ser resueltas por el bloque dominante sin cambiar nada de fondo. Luego de 5 años, podemos afirmar que las cosas siguen en un estado muy similar, por no decir idéntico, a cómo estaban antes, lo que denota los límites políticos del modelo social de mercado y hacen poco posibles las reformas tan sentidas por trabajadores y estudiantes.

Nuevamente estamos frente a una coyuntura de ascenso de la conflictividad social, pues los problemas que originan las protestas, son parte de la propia estructura de la sociedad: la matriz energética, riquezas básicas del país y el medioambiente, el sistema educacional, las condiciones económicas y de contratación de las y los trabajadores.

Medioambiente y matriz energética, el vergonzoso reflejo de nuestra dependencia
Los conflictos ambientales a partir de proyectos de generación eléctrica no son novedad en el país. Impulsados antaño por la Concertación, y hoy por la Derecha, en representación de intereses empresariales, han sido un foco de conflicto y debate que resurge cada cierto tiempo. En el pasado fue Ralco, y más recientemente Punta de Choros, Barrancones y Castilla.
Durante el primer semestre de este año, motivados en su mayoría por la campaña “Patagonia sin represas” miles de personas en todo el país se movilizaron, principalmente durante los meses de mayo y junio, contra la instalación de 5 represas en la Patagonia chilena, dos en el Río Baker y tres en el Río Pascua. Este proyecto contempla la inundación de 5.910 hectáreas y la instalación de unas 3.800 torres de 60 metros de altura, a lo largo de unos 2000 kilómetros, pues empalmaría con el Sistema Interconectado Central a la altura del Túnel Lo Prado. Las movilizaciones masivas duraron hasta que se paralizó el proyecto (20 de junio) por determinación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la decisión de la dirección del movimiento que, como buenos burgueses progresistas, se vieron asustado por la masividad de la movilización y todo lo que representaba. Sin embargo el conflicto se encuentra latente, toda vez que las intenciones del Gobierno y de la empresa es seguir impulsándolo. En función de esto, nos interesa profundizar en algunos aspectos, que nos parecen pertinentes en nuestro análisis.

En primer lugar, el conflicto por Hidroaysén evidencia una vez más el carácter dependiente de la economía chilena: centrada en la exportación de materias primas, dominada por del capital extranjero. Al mismo tiempo, el aumento de la demanda energética impulsada por la mayor cantidad de inversiones mineras, principalmente, posiciona a la electricidad como uno de los sectores más atractivos y estratégicos para los capitales trasnacionales. Todo esto posee dos implicancias fundamentales. Por un lado se produce una subordinación de la política económica nacional a las determinaciones del capital proveniente de los centros de la economía mundial, lo que en la actual coyuntura se ha concretado en la presión ejercida por Colbún y Endesa Chile, controlada por Endesa España (hoy propiedad de la italiana Enel) y del conjunto del empresariado chileno. Por otra parte, vemos que en el plano interno hay una subordinación del conjunto de la economía nacional a ciertos sectores predominantes (inversiones mineras proyectadas en el centro y norte del país), lo que “verticaliza” el modelo productivo, obstruyendo permanentemente el desarrollo local y deformando toda la economía en función de unos cuantos bienes intensivos en recursos naturales (materias primas, productos básicos o commodities), y por cierto también, generando un alto impacto económico, social y ambiental hacia la población chilena desde hace décadas.

En segundo lugar, toda esta situación mantiene abierto el debate sobre la relación entre la matriz energética, el modelo de desarrollo y el medioambiente. Hemos visto como las reivindicaciones ambientalistas han concitado la movilización y unión de miles de personas por esta causa, lo cual siempre es positivo. Sin embargo, hay que realizar algunas observaciones pertinentes. Primero, la entidad que conduce este proceso, el “Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena”, que es la responsable de la campaña “Patagonia sin represas” integra tanto a organizaciones sociales y “ciudadanas”, como a ONG ecologistas (con muy diversos planteamientos e intenciones), junto a sectores empresariales, lo que constituye una importante limitación y absoluta falta de perspectiva de clase, única capaz de dar con una salida real al conflicto. Por esa misma amplitud han concitado el apoyo de sectores políticos bastante amplios. Esta clara conducción burguesa es la responsable del cariz “ciudadano”, que se concentra en plantear la demanda a las autoridades de turno, y privilegia las acciones apegadas a la institucionalidad, sin profundizar su crítica hacia el modelo económico, social y político. Se desprende de esta situación, que es materia pendiente en la actual coyuntura, la construcción de una oposición clasista a la construcción de los mega-centrales, que plantee al mismo tiempo que el cuidado del medioambiente, la denuncia de las motivaciones que poseen estas inversiones, y una salida social al conflicto, en dirección a incrementar el poder efectivo de las comunidades circundantes y del conjunto del pueblo, para decidir sobre la pertinencia y modalidad de la generación de energía y, más relevante aún, sobre el rol y sentido de la producción como tal.

El movimiento estudiantil a la cabeza de la crítica de masas al modelo neoliberal
Sin profundizar mucho en el recuento de las movilizaciones estudiantiles, nos interesa identificar distintos aspectos que en la actual situación nos parecen relevantes para la construcción social y política.

En primer lugar, señalar que la masividad y apoyo popular que han concitado las movilizaciones son inéditas en el actual período histórico, desde las manifestaciones y protestas populares contra la Dictadura, lo que ha traído como efecto la expansión de un estado de ánimo contrario al gobierno de turno y a la educación de mercado, y proclive a la lucha social. Sin lugar a dudas debemos tomar el peso a esta situación y lograr contagiar a los distintos actores sociales, para fortalecer y hacer crecer a las organizaciones populares, y dentro ellas, a los sectores clasistas y libertarios.

En segundo lugar, lo que está en juego con estas movilizaciones, ha sido la apertura hacia mayores posibilidades de plantear cambios en el modelo. Si bien su expresión inmediata gira en torno a profundos cambios en materia educacional, con sus bases estructurales ligadas a la mercantilización, sus alcances son mucho mayores, ya que expresarían la primera reforma significativa al modelo social de mercado, nacida desde la lucha. Esto, a pesar de que el gobierno de la Derecha intente enmarcar el debate solo en “la calidad” de la educación, y en la mejora de la eficiencia de los mecanismos de mercado (transparentar el lucro, mejorar las condiciones del crédito), lo que, dicho sea de paso, al principio de estas movilizaciones -según cálculos optimistas- eran el máximo al que aspiraban las direcciones reformistas del movimiento estudiantil. Sin embargo, la ampliación de las demandas, del horizonte de lucha, y la clara legitimidad social que tiene el movimiento, se debe, en gran medida, a que, de forma inesperada pero verosímil, el movimiento estudiantil se ha vuelto la expresión organizada más amplia y potente contra las políticas que tienen a tantos en la miseria, ya sea porque amplios sectores de asalariados se ven involucrados (por ser lo que pagan por educar), así como por la “tradición” organizativa y de conflictividad social que ha caracterizado al estudiantado desde siempre.

En tercer lugar, y ligado con lo anterior, vemos que de la enorme cantidad de participantes que se han tomado la calle en las manifestaciones, cada vez más pertenecen a espacios no tradicionales, universidades privadas e institutos, colegios de la periferia, y población no organizada, es decir, se trata de una masa de personas que se han sumado a la lucha, con quienes en esta coyuntura hay que generar redes e instancias de coordinación que permitan proyectar en el futuro la masificación de las instancias de organización estudiantil y popular, partiendo por plantear la democratización de las actuales estructuras representativas del estudiantado. Como punto concreto de avance, es necesario generar los acuerdos para la reformulación del Confech en base a instancias democráticas y realmente representativas de las bases, integrando a los estudiantes de universidades privadas, institutos y centros de formación técnica.

De estas características del actual movimiento extraemos tres conclusiones. Por un lado, si bien es estudiantado ha asumido el rol de avanzada en esta crítica de masas al modelo, sus propias características estructurales lo limitan. De ahí que, al igual que en el 2006 la masividad de la movilización ha tocado techo, si no suma a otras expresiones del campo popular: trabajadoras y trabajadores, pobladoras y pobladores, e incluso, en su justa medida, avanzar en aunar criterios y tender lazos de solidaridad con organizaciones populares y estudiantiles a nivel latinoamericano e internacional. Este es un punto clave que debe ser asumido, rápidamente, por los diversos sectores de la izquierda de intención revolucionaria.

Por otra parte, si bien visualizamos la necesidad de generar en la coyuntura espacios que den cuenta de la participación de estos nuevos actores en la lucha contra la educación de mercado, vemos como un peligro latente plantearlas como direcciones paralelas del movimiento, que hoy más que nunca necesita de la unidad, en base a propuestas de demandas concretas y con un sentido de largo plazo en la lucha por una educación gratuita. Creemos importante respaldar y proteger de las direcciones burocráticas, el actual piso que actualmente ha sido aprobado en el Confech, el cual es fruto de la presión de las bases estudiantiles y de sus sectores más combativos.

Este petitorio, que vemos como un avance sustancial en la claridad programática del estudiantado, incentivada por esta serie de contradicciones estructurales, contempla como piso mínimo a conseguir los siguientes puntos: en cuanto al financiamiento universitario, un 50% de Aporte Fiscal Directo a las universidades estatales, sin el mecanismo de los “convenios de desempeño”, y el fin al lucro efectivo. Frente a la democratización, la derogación de los artículos que prohíben la asociación, a través de la modificación de la ley, para permitir la participación de estudiantes y funcionarios en los cuerpos colegiados y en la elección de autoridades unipersonales. En cuanto al financiamiento estudiantil, el reajuste integral de becas en calidad y cantidad, y la homologación de las condiciones del Crédito con Aval del Estado al Fondo solidario. También la acreditación estatal y obligatoria con arreglo a fines públicos, una TNE estatal única y nacional los 365 días del año, y financiamiento público para el reajuste de las y los trabajadores de las Universidades estatales. Estos puntos nos permiten generar un primer avance en la lucha por el sistema de educación que queremos, en la medida en que acumulamos fuerza social y política para ganar los puntos máximos del petitorio, una educación pública, gratuita y de calidad para todos. Sin embargo, los puntos más radicales, que deben ser asumidos por otros sectores sociales, son los que plantean la viabilidad del financiamiento, en especial, el llamado a la “renacionalización de nuestros recursos naturales” cuya bajada inmediata es el llamado a una “Reforma Tributaria” que contemple, al menos una “modificación al Royalty” y una modificación a “ la ley de impuestos a la renta, en específico al impuesto de primera categoría en materia de utilidades percibidas por el sector empresarial”. Por el momento, esas parecen ser las demandas que, como base común, pueden ayudar a realizar los necesarios vínculos para lograr una amplia participación y presión social que de señales que avanzamos en un proceso progresivo en el cambio de la correlación de fuerzas entre las clases.

Finalmente, vemos con buenos ojos el hecho que el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), a diferencia de muchas organizaciones de intención revolucionaria, ha realizado una autocrítica centrada en reconocer la gran cuota de responsabilidad que tenemos como sectores de izquierda: “tanto en la lentitud de la toma de posición unificada del movimiento estudiantil, como en la hegemonía cuantitativa del reformismo en las direcciones”. El contenido central de esa autocrítica refiere a que “si aún estamos dando discusiones de petitorios es porque desde la izquierda no las pudimos desarrollar antes, si el reformismo está en las direcciones, y las federaciones y el Confech no son democráticos, es porque no hemos podido cambiarlo ni ganar esas direcciones. Tenemos que aceptar la realidad de que si otro está ganando no es solamente porque es reformista, sino también porque nosotros hemos cometido errores y no hemos acumulado la suficiente fuerza”. En ese mismo sentido, la propuesta reivindicativa y práctica que se ha realizado desde el FEL, ha sido el avance en la construcción de un proyecto público de educación. Para nosotros, en el actual momento político se debe reforzar esta apuesta fundamental de los sectores clasistas y libertarios en el movimiento estudiantil, expresada en la construcción de poder estudiantil e insertando con fuerza la lucha, en todos los espacios y niveles, por demandas estructurales, de fondo, y que se articula a través del FEL, el cual ha tenido la claridad y madurez suficiente para enfrentar la actual coyuntura.

Los trabajadores ante una nueva ofensiva empresarial
Desde el 2010, hemos visto como se ha ido plasmando una nueva estrategia de ataque a los derechos de las y los trabajadores. Por la vía de fallos de la Corte Suprema (la Cuarta Sala de la Corte Suprema, desde hace tiempo han venido desmantelando jurisprudencia favorable a los trabajadores) y de dictámenes de la Inspección del Trabajo, las empresas están logrando un camino más corto para destruir la legislación laboral, saltándose el Parlamento. Esto se ha concretado en distintas materias, dentro de las que destacan la autorización a completar el sueldo mínimo con bonos de asistencia y de puntualidad, la negativa a los feriados obligatorios e irrenunciables para bodegueros, reponedores y personal administrativo, la autorización para descontar de finiquitos los créditos de Cajas de Compensación, y la autorización a pagar menos del ingreso mínimo a trabajadores con jornada mayor a 30 horas e inferior a 45. Particularmente alarmante fue lo que hace poco se dictaminó respecto a la indemnización por años de servicio, estableciéndose que a partir de ahora las asignaciones de colación y movilización no deben considerarse dentro de la base de cálculo de las indemnizaciones. No obstante, esta situación ha generado diversas reacciones e interpretaciones de parte de la institucionalidad laboral y política, y lamentablemente sin grandes presiones de parte de organizaciones sindicales, por lo que en la actualidad se encuentra pendiente su resolución.

A estos ataques judiciales directos de parte del empresariado, se agregan otros, realizados por medio de sus representantes políticos en el parlamento. Nos referimos a una ofensiva política comunicacional que sigue las reivindicaciones de la Sofofa y la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio). Un ejemplo de la ofensiva fue la carta titulada “Una agenda para más trabajo y mejor productividad”, enviada por los diputados Cristián Monckeberg, de RN, y Ernesto Silva, de la UDI, a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, donde pidieron alentar una agenda laboral para generar, según ellos, un “mercado laboral dinámico, justo y productivo”. El contenido señala como objetivos para lograr el crecimiento económico esperado, el fin del pago de indemnizaciones por años de servicio, establecer el “banco de horas” y el teletrabajo -que entre otras cosas permite terminar con el pago de horas extras-, llevar adelante la flexibilización laboral y regular el descanso dominical. Es muy relevante en el presente momento estar alertas sobre las definiciones que se vayan tomando en relación a esta agenda laboral.

Pero más allá del ámbito jurídico, al que lamentablemente muchas veces se reduce la acción sindical, varias movilizaciones de trabajadores en los distintos sectores económicos, se han suscitado en las últimas semanas. Nos parece oportuno resaltar las principales características que han tomado en la coyuntura actual, sacando algunas lecciones al respecto.

En primer lugar, creemos importante destacar la movilización realizada por los sindicatos portuarios de Lirquén, con la solidaridad de los trabajadores de su sector de la Región del Bío-Bío, y por cierto de trabajadores de otras ramas económicas. Sus principales conquistas fueron la recuperación de puestos de trabajos perdidos, con un aumento de remuneraciones “escalonado”: de un 30% para quienes ganan más y de un 40% para los que ganan menos, buscando la igualación de los salarios, lo cual es especialmente importante toda vez que los trabajadores de Lirquén llegaban a ganar hasta un 50% menos que los de Coronel o San Vicente. En esta lucha ha sido relevante la acción de la Unión Portuaria del Bío-Bío, concitando la atención de trabajadores portuarios a lo largo del país, ya que supo dar golpes fuertes al empresariado, en el paro realizado en San Vicente, Muelle Huachipato y Coronel, lo cual se ha expresado concretamente en las pérdidas generadas a los grupos económicos centrados en la exportación y que poseen sus inversiones en la Región del Bío-Bío.

Por otra parte, nos parece destacable la manifestación en el centro de Santiago organizada por sindicatos del sector comercio, entre ellos subcontratistas (29 de junio) que tuvo como motivo plantear una protesta por la fijación del salario mínimo. El miserable reajuste al sueldo mínimo propuesto por el gobierno, el que luego de diversas presiones, puso como límite máximo $182.000, ha concitado las protestas por parte de estos sindicatos, que se encuentran en uno de los sectores donde se concentra una gigantesca cantidad de trabajadoras y trabajadores, y donde el contraste entre sueldos y ganancias empresariales son más grandes. El límite de esta iniciativa sin lugar a dudas está en que la representación oficial de los trabajadores en estas negociaciones, la realiza la burocracia sindical de la CUT, la que se ha mostrado nuevamente pasiva y brilla por su ausencia en cualquier tipo de oposición real a la ofensiva del empresariado.

En tercer lugar, destacamos la activación que han experimentado los trabajadores del cobre. Partiendo por los trabajadores subcontratistas de “El Teniente”, que han mantenido una movilización por varias semanas, y actualmente la Federación de Trabajadores del Cobre, que ha convocado una paralización para el día 11 de julio en contra de las acciones de privatización de CODELCO. Tanto los procesos de discusión previa como las movilizaciones mismas, no han estado exentos de roces entre las distintas tendencias de los trabajadores y sus sindicatos, lo cual recién comienza a ser superado a partir de las adhesiones que movilizaciones motivadas por la defensa del cobre no pueden dejar de concitar en los sectores clasistas, en base a propuestas concretas de unidad programática y de solidaridad.

Frente a las distintas limitaciones que se presentan en las organizaciones y movilizaciones de trabajadores, y de un panorama político no muy alentador -como hemos visto, se está agudizando la presión empresarial sobre las condiciones laborales- creemos que la principal tarea para la actual coyuntura pasa por la masificación de la deslegitimación del modelo entre los trabajadores, para lo cual es necesario que se vaya avanzando en construir la unidad de los sectores clasistas, en base a demandas concretas, reivindicaciones y perspectivas de largo plazo, y con contenidos políticos claros. En la actual coyuntura se evidenció la incapacidad de la CUT para encabezar la transversalización de las luchas sociales, lo cual ha suscitado críticas de parte de la izquierda a Arturo Martínez, esta vez, incluso de parte de sus socios del PC. Pero vemos que la crítica a la burocracia del la CUT tiene un límite, pues los esfuerzos para concretar una alternativa de unidad no han sido lo suficientemente sólidos como para lograr la superación del actual estado de cosas. En este esfuerzo, los sectores libertarios -desde las bases sindicales- ciertamente nos haremos parte.

Crisis de la política...burguesa
A la par que aumentan los signos de movilización social, ha ido decayendo la legitimidad de la política implementada por la burguesía, encarnada en la serie de partidos políticos que, en su conjunto, conforman la muy mal llamada “clase política”. Más que una visión apocalíptica de “crisis de la política”, lo que vemos es la emergencia de una política independiente del aparato institucional y del Estado, que hoy por hoy está completamente incapacitado de integrar o representar los intereses que subyacen a esta nueva política nacida desde abajo. Prueba de ello es el bajísimo grado de aprobación de Piñera y el gobierno (31%) que no se ha traspasado a la oposición (estancada en un poco más del 20% de aprobación). Pero así también, tanto el Senado como la Cámara de diputados carecen de toda legitimidad social, con menos de un 25% de aprobación.

Las reacciones primarias del bloque dominante a esta pérdida casi absoluta de conducción -originado en los conflictos sociales- apuntan a disciplinar la acción política al orden social vigente y su legalidad. Así, se repite lo sucedido en años anteriores -como el 2006 con las movilizaciones de los secundarios-, toda demanda social significativa choca de frente con un muro: la defensa del orden jurídico y político vigente diseñado a la medida del empresariado, deviniendo, rápidamente, en lucha política. Piñera ha señalado hace poco que “necesitamos más unidad y menos divisiones. Más colaboración y menos enfrentamiento. Más responsabilidad y menos demagogia. Más orden y menos paros, menos violencia”, es decir, el apunta a la creación de una mayor unidad en el bloque dominante, y que hoy se expresa en un gran espaldarazo al modelo social de mercado y los parásitos que se alimenta de él. Por su parte, Andrés Concha, el presidente de la Sofofa fue bastante claro al decir que “están surgiendo situaciones donde, frente a un determinado proyecto de inversión, la sociedad civil desafía la legalidad vigente”. Ante la misma situación Constans, presidente de la CPC, deja claro que “hay una normativa que debe ser respetada”.

Se nota que la falta completa de oposición real -esto es, desde el pueblo- ha acostumbrado a los sectores dominantes a hacer y deshacer a antojo, a dar palos y zanahorias a los explotados y oprimidos cuando parecen levantar la cabeza. Sin embargo, esta forma de exclusión no puede ser sustentable en el tiempo. Creemos que la ausencia de un plan institucional, es decir, la carencia de una política de inclusión de las demandas sociales en las decisiones del Estado, lo que, dicho sea de paso, dentro de este modelo siempre ha sido más bien ficticia que real, va profundizando cada vez más la brecha estructural que existe entre el Estado y la sociedad civil. Tal relación no es sino necesaria en el modelo social de mercado, no es un mero accidente, sino una de sus condiciones de posibilidad. Toda expresión política independiente de clase es una amenaza para los frágiles equilibrios macro-económicos.

Frente a todo este panorama, se ha instalado en la opinión pública el debate entre distintas salidas. La que es planteada por la Derecha y el gobierno, en concordancia con lo antes planteado, se trata de apuesta tecnocrática, de reordenamiento de las prioridades y reforzamiento del gasto social focalizado. Por otra parte, la Concertación y la izquierda tradicional, hablan de una salida por medio de las reformas políticas y la revitalización de los partidos. Se trata de un giro pseudo-reformista, que sin lugar a dudas tiende a resolver “por arriba” el problema con un fuerte énfasis en el aseguramiento de la gobernabilidad.

Más allá de estas miradas, nos parece más relevante entender cuáles son las salidas que se posicionan desde los propios actores sociales. En los sectores movilizados y sus organizaciones, las Federaciones de estudiantes, Asambleas y diversos espacios populares, se ha posicionado con más fuerza la necesidad de una salida política que se replantee los marcos de la democracia chilena, y tal respuesta ha sido generada fundamentalmente desde el reformismo, el cual ya prepara su papel en la desmovilización y de cooptación del movimiento social, bajo la idea de una “asamblea constituyente”. Este discurso cala fuerte toda vez que los niveles de conciencia apuntan a esta salida “ciudadana”, amparada en la supuesta igualdad de derechos políticos que debe garantizarse en toda democracia, y que como sabemos, solamente encubre y media la dominación efectiva de clase que sustenta el Estado capitalista. En otras palabras, la vía de la asamblea constituyente es entregarle en bandeja la fuerza del movimiento popular a la burguesía, darle la oportunidad de ampliar su marco táctico de maniobra y truncar la posibilidad del socialismo, único eje programático que nos permitirá consolidar lo alcanzado y avanzar con firmeza.

Anarquistas en la construcción de poder popular
Para nosotros como anarquistas, la asamblea constituyente no es sinónimo de una salida efectiva al modelo actual, a sus injusticias, y las relaciones de poder entre clases. Es muy sabido que no por cambiar la ley, cambiarán las realidades más fundamentales. Si bien con las modificaciones jurídicas se pueden ganar derechos puntuales, lo cual es necesario en las luchas sociales, el plantear como única salida el cambio constitucional no contempla la capacidad del propio bloque dominante de asegurar y renovar su dominio por medio de ello. Y esto porque todo avance político de la clase trabajadora, expresado en una ley determinada, no depende, en ultima instancia, del estado de derecho, sino de la fuerza misma de esa clase para conservar y ampliar sus triunfos. Por lo tanto, pensar que el Estado puede obrar como garante de la lucha popular es mera palabrería vacía.

Pero esta cuestión no puede resolverse a medias, y tampoco en el corto plazo, sino que hay que tener perspectiva de largo plazo, y asumiendo que nuestra acción en el seno de las organizaciones populares debe poseer una estrategia concreta y efectiva de ruptura.

En este sentido, creemos que la apuesta fundamental de los libertarios debe pasar por construir una salida social mucho más concreta y capaz de masificarse, cuyas líneas centrales, deben ser trabajadas políticamente, en vinculación con la acción en las organizaciones populares y que deben tener como eje rector la incapacidad del modelo actual de desarrollo capitalista para satisfacer la diversidad de demandas sociales y, de esta forma, retomar los hilos históricos de construcción de una alternativa socialista y libertaria. Destacamos el rol que en este proceso debe cumplir la organización política revolucionaria, como un llamado a los referentes libertarios y en general a la militancia popular anarquista a vincularse a estos procesos y entre ellas, a afinar sus propuestas programáticas, la formación de sus cuadros, profundizando y ampliando la construcción del proyecto comunista libertario y tomar en cuenta las necesidades que se desprenden de ello.

Nuestra propuesta para la construcción de esta salida social, tiene como eje central la comprensión de que el objetivo para el actual momento, a partir de las movilizaciones, es fortalecer la organización social en la línea de construcción del poder popular. Esto implica en primer término el que en cada movilización que se vaya presentando, se debe apostar a ganar derechos sociales y económicos concretos, que vayan evidenciando los límites del modelo, y al mismo tiempo vayan potenciando la construcción de conciencia de clase de los sectores populares.

Por otra parte, y en forma complementaria con lo anterior, el fortalecimiento de las capacidades del pueblo pasa hoy por avanzar en la democratización de las organizaciones burocráticas. Como vimos, en los últimos tiempos se ha evidenciado la incapacidad de la CUT para encabezar la transversalización de las luchas sociales, así como también la limitación de la Confech para representar al conjunto del estudiantado. Aprovechando esta coyuntura debe plantearse con fuerza la articulación de los sectores clasistas, en función de comenzar a construir una movimiento sindical y de una central obrera- capaz de hacerse cargo del conjunto de las demandas populares, así como la consigna de la reformulación de la Confech, que debe ampliarse, sobre todo, hacia los sectores estudiantiles más precarizados, logrando una mayor afluencia de origen obrero.

Al mismo tiempo, se ve como necesario para avanzar en la conquista de derechos sociales, el plantear instancias de unidad social, desde abajo y en la lucha, entre los distintos actores populares, venciendo la resistencia hacia esta convergencia de parte de las direcciones burocráticas del movimiento social, donde se aloja la fuerza principal del reformismo organizado. Pero creemos importante entender que si el reformismo aún sigue a la cabeza del movimiento social, canalizando el descontento hacia sus intereses, no es porque estén destinados de forma indiscutible, sino que hoy no existen ni las condiciones ni la capacidad de otros sectores para ocupar esos espacios y sostener proceso de reconstrucción de las estructuras y de las lógicas de organización. Por ello, otro de los roles fundamentales de los sectores de intención revolucionaria en el actual momento, con este gran influjo de fuerza social, es plantearse seriamente la profundización de sus propuestas para alternativas de poder, potenciando formas nuevas de organización y de auto-conducción que logren abandonar, realmente, esas viejas estructuras que se han sostenido en el tiempo sólo por el vicio propio de la des-movilización y su consecuente burocratización.

Tal panorama nos da una opción real para buscar salidas de masas y desde abajo, disputando a aquellos que esperan desplazar toda esta fuerza hacia una “nueva institucionalidad”, fundada en una nueva constitución. Es ahora, y no mañana, cuando el desarrollo de alternativas de poder se vuelve un tema verosímil, por lo que es tarea necesaria y urgente construir y avanzar en la propuesta libertaria y popular y en los órganos que la hagan posible

¡Desde la movilización social, a construir poder popular!
¡Por el socialismo y la libertad!
¡Arriba las y los que luchan!

Federación Comunista Libertaria

1 comentarios:

Anónimo dijo...

Bullshit