Dedicado a
Manuel Gutiérrez,
joven de 16 años
asesinado por la violencia policial en el contexto de las jornadas de
protesta social del 24 y 25 de Agosto.
Las
movilizaciones estudiantiles en Chile, que hasta la fecha se extienden por más
de tres meses y que convocan en un movimiento social amplio a estudiantes
secundarios, universitarios, trabajadores, docentes y
apoderados, han instalado con fuerza en el debate público nacional la
problemática de la educación y ha generado una fractura en la institucionalidad
política, económica y cultural hegemónica de inestimable profundidad y
extensión en la conciencia histórica de la experiencia de lucha del movimiento
popular.
La experiencia neoliberal chilena, que en
más de 20 años de altos índices de desarrollo macroeconómico y elevado a rango
de experiencia ejemplar en Latinoamérica y el mundo, hoy comienza a desmontarse
desde sus fundamentos de reproductibilidad mismos, y su narrativa naturalizada
en vastos sectores poblacionales ha comenzado progresivamente a fracturarse: el
libre mercado ha derivado en lucro (Educación, salud, trabajo y vivienda), las
ganancias privadas en estafas (el caso de la multitienda La Polar) y el crecimiento económico en desigualdad y marginación (4 clanes
familiares controlan el 47% de los activos de la bolsa de valores de chile y
concentran para el 2008 el 12,49% del PIB nacional. Ellos son Andrónico Luksic, Anacleto Angelini, Eleodoro
Matte y el actual Presidente Sebastián Piñera)
En Chile el 80% de la población percibe el
40% del ingreso nacional, el 88% de la fuerza laboral no está sindicalizada y
el 95% de ella no puede negociar colectivamente sus salarios; alrededor de 3
millones de chilenos y sus familias (de una población de casi 17 millones de
habitantes) perciben menos de 800 US como ingreso familiar al mes y la pobreza
en las regiones más castigadas por el modelo neoliberal se eleva al 49% del
total de sus habitantes (alto
Biobío, VIII región); sumado a un alto
índice y ascenso de la población carcelaria; en definitiva, configurando un
macabro panorama de marginación social que condena día a día a miles de jóvenes
a las cloacas del sistema de dominación, cuya única expectativa de vida es la
drogadicción, la delincuencia y la proletarización en paupérrimas condiciones
laborales.
Por otra parte, tenemos un sistema político institucional que
favorece la exclusión de la disidencia política (el sistema binominal de
elecciones, ley de partidos políticos, quórum contra mayorías) y mantiene un
férreo blindaje sobre la constitución política de la dictadura militar de
Pinochet. Existe un padrón electoral que se envejece con fuerza y una crisis de
legitimidad que producto del conflicto
educacional arrastró la aprobación de Sebastián Piñera a un 26% y a la
oposición política a un 16% de aprobación (encuesta CEP de Agosto).
Ante este panorama, el movimiento social
por la educación pública y de calidad se ha posicionado como un amplificador
del descontento social generalizado en los sectores sociales más castigados por
el modelo, ha re-posicionado el horizonte de la lucha social como la
herramienta de arrancarle victorias sustantivas al modelo de dominación mercantil
y ha re-articulado el horizonte de posibilidad para el desarrollo de una
alternativa política clasista y libertaria con amplio anclaje en la experiencia
cotidiana de los trabajadores y los sectores populares.
La fuerza y el
ímpetu de este movimiento social se expresa en el amplio apoyo social que
concitan sus demandas centrales en la población chilena (85% según la encuesta
CEP), el ímpetu movilizador y las
creativas formas de manifestación y copamiento del espacio público. Esto le ha
permitido romper el cerco comunicacional del duopolio que controla la prensa
escrita (COPESA-Edwards) asociado a la derecha ultracatólica (Opus Dei y Legionarios de Cristo) y neoliberal,
además, lo más novedoso y recalcado por varios sectores políticos ha sido su profundo sentido de la autonomía, de desconfianza
de las dirigencias estudiantiles tradicionales asociadas a la izquierda
reformista social-demócrata (Juventudes Comunistas y las variantes
ciudadanistas) y de la clase política en su conjunto.
Por distintos
motivos hoy asistimos al interior de la juventud chilena, del movimiento
popular y del movimiento estudiantil en particular, a la emergencia de una
nueva cultura política centrada en el diálogo horizontal, la desconfianza en la
delegación del poder político en las modalidades de la representatividad
tradicional y un fuerte sentido de la democracia interna del movimiento que ha
dificultado cualquier tipo negociación burocrática sin la previa aprobación de
la mayoría que compone orgánicamente el movimiento mismo. Pero también ante un
ímpetu de transformación social profundo y radical.
Este ímpetu
movilizador del movimiento estudiantil expresado en su masividad histórica en
las calles encubre cierta dispersión política programática; y esta nueva cultura
política que hoy se expresa con fuerza en el movimiento tiene su profundidad
histórica en el desarrollo político reivindicativo del movimiento estudiantil
mismo y de las políticas institucionales que el bloque dominante en su conjunto
ha progresivamente implementado en agenda educativa desde la década de los 80,
con la implementación de las reformas estructurales neoliberales en materia de
derechos sociales. En definitiva, los aspectos sustantivos que componen el
nuevo acervo político del movimiento popular y del movimiento estudiantil
tienen su profundidad histórica en el desarrollo político mismo del movimiento
popular, la clase política y de la institucionalidad hegemónica, en sus
disputas, cooptaciones y fundamentos mismos.
Haciendo un poco de historia del movimiento
estudiantil chileno.
La relación
entre juventud y cambio político en el movimiento estudiantil chileno queda
expresada con claridad en el desarrollo y profundización de su conciencia
social y política que consiguió entre 1961 y 1972 una radical reforma
universitaria. Esta se expresó en términos de extensión y vinculación con las
problemáticas sociales, en ampliación de la cobertura, gratuidad y en la democratización efectiva de la
gestión universitaria, que culminaron con el proyecto-programático de una nueva
institucionalidad educacional para una nueva sociedad en construcción de la
mano de un movimiento popular en ofensiva directa en la lucha de clases. Este
proceso fue truncado abruptamente con la dictadura militar instigada por EEUU y
apoyada por la centro-derecha histórica (Partido Nacional y Democracia
Cristiana), la intervención de los militares en las universidades y la
violación de los derechos humanos, desaparición, asesinato y exilio de
miles de académicos, funcionarios y estudiantes. Para la derecha más
dura según sus principales representantes (El ahora ex ministro de educación
Joaquín Lavín), en gran medida la problemática de la U.P. (Unidad Popular) y la polarización de las clases sociales se
originaban en la “politización” de la juventud y de las universidades.
Fue durante la
década de los 80’
en medio del proceso de implementación de las reformas estructurales del
proyecto neoliberal, que se inicia el
desbarataje de la
Universidad Pública y Estatal y de municipalización de la
enseñanza primaria y secundaria. Es en ese momento cuando nuevamente los
estudiantes se levantaron con fuerza,
sin miedo a la represión dictatorial y haciéndose parte de un movimiento de
protesta mucho más inorgánico y con vetas insurreccionales que en entre 1983 y
1986 puso en jaque a la dictadura, organizando más 17 jornadas de protesta
popular y registrando un fallido intento de tiranicidio conocido como la
operación “siglo XXI”. En ese momento se reactivaron las federaciones
estudiantiles y universitarias y se instaló una
agenda de resistencia a la privatización. Lamentablemente debido a las
presiones políticas del momento y las necesidades “democratizadoras” de la
transición, se desvió el foco de lo
educacional a lo nacional: sacar a la dictadura del poder. Ese error no solo
significó aceptar la obra del general y mantenerla intacta en su estructura
debido a sus blindajes institucionales, sino que también le costó caro al movimiento estudiantil y al
movimiento popular chileno y sus efectos se manifestaron entre 1990-1995, años
en los que decae la acción política estudiantil clientelizada por los partido
políticos tradicionales, quienes administraron la transición política y
canalizaron las expectativas de transformación social de los movimientos
sociales en los canales institucionales
del Estado, desbaratando los aparatos políticos militares de inserción popular
e instalando la política de los acuerdos entre la Concertación y la derecha
como la única forma de hacer política. Todo el resto que cuestionase el sistema
institucional en sus fundamentos era
subversivo, asistémico y lumpenesco.
Fue a partir de
1995 con la pérdida progresiva de las bases sociales de apoyo de la
Concertación y la re-estructuración política de las iniciativas juveniles, que
comienza nuevamente una agenda de resistencia a la profundización del modelo
educacional neoliberal (la Reforma Curricular iniciada en el gobierno de Aylwin
y culminada en el Gobierno de Frei). Este proceso conllevó una restructuración
orgánica de las principales organizaciones gremiales de los estudiantes y que
entre 1996 y 1997 rompe la cooptación del movimiento social por parte de la
Concertación, logra detener el paquete de reformas conocido como “Ley Marco” e
instala una política un poco más autónoma y propositiva, pero aún en la lógica
de la defensa corporativa de la Universidades del Consejo de Rectores, sin
propuestas reivindicativas para el sector emergente de las universidades
privadas y lamentablemente sin un proyecto programático para el sistema
educativo en su conjunto, que permitiese instalarse como un horizonte desde el
cual plantear una política reivindicativa clara y estratégica. Tras la derrota
definitiva del 2005 con la traición de las Juventudes Comunistas, la
Concertación y las variante ciudadanistas con la aprobación del “Acuerdo
CONFECH-MINEDUC”, que consolidó el Crédito con Aval del Estado (5,6% de
interés) en desmedro del Fondo Solidario(2%
de interés), inició una fase de reflujo en el movimiento universitario que se
arrastró hasta este año.
Fue la
generación de estudiantes secundarios del 2006 quienes, con el antecedente de
la movilización estudiantil del 2001 conocida como el “mochilazo”, desde el
flanco más juvenil y ante la consolidación de una agenda privatizadora
avanzada, pasaron a la ofensiva a través de la movilización directa, tomándose
los liceos y paralizando a más de
1.300.000 estudiantes a lo largo del país. Fue en esa coyuntura en la que la
nueva cultura política comienza a expresarse desde la experiencia de la
movilización directa de los estudiantes: una cultura política libertaria,
basada en la democracia directa y en la
horizontalidad en la toma de decisiones.
En dicha oportunidad el movimiento secundario conocido como “Revolución
Pingüina” –aduciendo al parecido entre el vestuario de los estudiantes y el ave
marina- cercó al gobierno de la “socialista”
Michelle Bachelet logrando modificar su agenda de gobierno e insertando
la problemática del lucro en la educación, la desmunicipalización y vuelta al
estado del sistema educacional a través de la derogación de la L.O.C.E (Ley
Orgánica Constitucional de Educación).
Tras meses de
movilización y pese a la negativa de la existencia de una crisis en educación
por parte de la clase política, los estudiantes consiguieron botar un ministro, ganar reivindicaciones menores de su
petitorio (becas y pase escolar) y finalmente abrir una mesa de trabajo para
modificar la L.O.C.E[1].
Lamentablemente en dicha Comisión Asesora Presidencial, los actores sociales
estaban en franca minoría frente a los intereses corporativos de los demás
integrantes sobrerrepresentados, que finalmente conllevó a la salida de los
estudiantes y los profesores de dicha instancia que culminó con la propuesta
borrador y consenso de la clase política, posteriormente expresada en la
creación de la Ley General de Educación aprobada el 2009 y que vino a sustituir
la L.O.C.E. pinochetista.
A pesar de la
derrota y del reflujo que se inicia esta vez desde el flanco secundario, el
movimiento social realiza un aprendizaje sustantivo que de la mano de esta
nueva cultura política, hoy se expresa con fuerza en las movilizaciones
estudiantiles de los universitarios y los secundarios, fundamentalmente en lo siguiente:
En términos estratégicos se realiza
un viraje desde la lógica de la resistencia a la privatización y la defensa
corporativa de la educación pública a la ofensiva directa por la construcción
de un nuevo proyecto de educación pública. Esto en la medida que el sistema de educación
chileno se encuentra en una fase de privatización avanzada, en el que las
principales reformas llevadas adelante por el actual gobierno y señaladas por
la consultoría de la OCDE en la coyuntura
abierta por los secundarios en el 2006, van orientadas a subsanar las
principales distorsiones identificadas en el sistema en su conjunto: 1)
regulación y flexibilización de los marcos institucionales, consolidando un
sistema educativo mixto con marcada preeminencia sobre la iniciativa privada;
2) focalizar la inversión pública ampliando la cobertura de becas y originando
un sistema crediticio único para el sistema en su conjunto; 3) subsanar la
desigualdad en la formación, la calidad
de la enseñanza y la segmentación en
clases sociales del sistema educativo a través de generar nuevos dispositivos
de vigilancia, control y certificación de la oferta educativa; 4) finalmente,
en el marco de la avanzada mundial de la agenda neoliberal (Plan Bolonia y
Proyecto Tunning en particular para Latinoamérica), ajustar la orientación y
producción de conocimiento a los requerimientos estratégicos de la economía
nacional, fortaleciendo el capital humano y desarrollando clusters económicos que permitan desarrollar las ventajas comparativas
del país.
En esa fase de
avanzada del neoliberalismo las demandas estudiantiles por la gratuidad de la
educación y fin al lucro, la democratización de la gestión universitaria, la
reforma universal del acceso, la nacionalización de los recursos naturales y
una reforma tributaria apuntan directamente a los fundamentos del
neoliberalismo en educación.
En términos
políticos y la apertura de nuevos
escenarios de movilización, el desbande político de la Concertación tras la
salida del ejecutivo y la llegada de la derecha histórica liderada por
Sebastian Piñera, deja al descubierto para amplios sectores sociales que
cifraron sus expectativas de transformación en la actual administración, que
las problemáticas sociales fundamentales en materia de derechos sociales no se
modificarán debido a las condicionantes sistémicas del modelo de desarrollo
neoliberal, trasladando directamente las repercusiones nefastas del
neoliberalismo en educación y del resto de los derechos sociales a la clase
política en su conjunto, perdiendo sustantivamente su base social de apoyo y
abriendo el espectro político a la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Esta situación se expresa con fuerza en la
composición etaria de la clase política y del recambio generacional de la sociedad
chilena, donde la juventud descontenta
nuevamente toma la iniciativa de cambio y de crítica mordaz a los
fundamentos del modelo en su conjunto; de esta manera, el movimiento
estudiantil en sus más de tres meses de movilización actúa como un amplificador
del descontento social generalizado ante los estragos del sistema de
dominación, trasladando la crítica desde lo sectorial (la educación) a lo sistémico (el modelo de
desarrollo económico, la institucionalidad del aparato del Estado y la cultura hegemónica) y
constituyéndose como el actor social más dinámico y con mayor potencial
histórico de cambio político y social en
los últimos veinte años.
Estos elementos
explican la desaprobación del conjunto de la clase política, la autonomía del
movimiento pero también su dispersión, falta de claridad programática y sus
disputas internas entre los sectores políticos que intentamos impregnarle al
desarrollo de la demanda política una identidad e intereses de clase y quienes
bogan por una reforma ciudadana del aparato estatal en la lógica de la ampliación democrática y
redistribución equitativa de la riqueza, modificando parcialmente el sistema
educativo y no en sus fundamentos mismos.
Sobre el escenario actual.
El desarrollo
del conflicto estudiantil iniciado en mayo surgió con una tibia instalación del
conflicto educativo por parte de la CONFECH (Confederación de Estudiantes de
Chile) y por una nula respuesta por
parte del gobierno, que durante los primeros meses apostó a desconocer la
situación de crisis en la educación, desmovilizar al movimiento acusándolo de
ideologizados, reprimiéndolo duramente y apostando a liderar el proceso de
reforma con pomposos anuncios en materia educativa que en los sustantivo no
daban respuesta a las demandas estudiantiles. Ante ese escenario, el movimiento
apuesta a la movilización directa a través de la toma de liceos y
universidades, novedosas formas de protesta y marchas nacionales que desde el
14 de junio comenzaron a copar las calles masivamente (200.000 manifestantes solo
en Santiago y 500.000 a nivel nacional).
Ante dicha situación, el gobierno comenzó a ser cercado puesto que el
movimiento estudiantil concitó amplio apoyo por parte de la sociedad (80%
aproximadamente), instalando el tema del fin del lucro y del endeudamiento con
fuerza. Esto gatilló la salida del ex ministro de educación Joaquín Lavín y un
nuevo anuncio presidencial. Pese a aquello, el movimiento no se da por vencido
y se moviliza nuevamente suscitándose el llamado a movilización del 4 de agosto
que recorrió la prensa internacional conocido como el “4-A o invierno chileno”,
que debido a la prohibición de marchar y
la represión policial ordenadas por el Ministerio del Interior, concluyó en una
jornada de violentas protestas que copó con cacerolazos y barricadas todo el
centro de Santiago y siete comunas, y
arrojó como balance millonarias pérdidas y la quema de la multitienda La Polar,
anticipando un nuevo periodo en la movilización de masas. Escenario que se repitió a
lo largo del país.
Actualmente el
conflicto estudiantil tras la paralización del 24 y 25 de Agosto convocada por
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), las fuertes jornadas de violencia
política popular que paralizaron al país, la muerte de Manuel Gutiérrez, la
permanencia de la masividad en las calles y la intransigencia de los
estudiantes ha instalado nuevamente un escenario de conflictividad directa
entre el ejecutivo y el movimiento social. Ante este escenario y la
persistencia y agudización de la protesta social, el ejecutivo finalmente sede
y pese a la molestia del ministro de educación
Bulnes, Piñera cita a una mesa de diálogo el 2 de septiembre para
comenzar a destrabar el conflicto. Cabe
destacar que es la primera vez desde la
vuelta de la democracia que un movimiento social a través de la movilización
directa logra sentarse a dialogar con el presidente, el ministro de hacienda y
el de educación.
El movimiento
social por su parte ha avanzado en ampliar sus bases de apoyo convocando a
intelectuales y desarrollando programas políticos más claros y propuestas
técnicas que sustentan las posiciones del movimiento. Por otra parte comienza a
registrarse la emergencia de un nuevo fenómeno de organización y coordinación -gérmenes de Poder Popular- de las luchas de
los sectores populares con marcado acento en la iniciativa local articulada con
perspectiva nacional: las asambleas territoriales.
El capital
político y la autoridad moral del movimiento concitan el más amplio apoyo visto
por un movimiento social en la historia reciente del país. Paralelamente a
ello, se ha experimentado una reactivación del movimiento de masas y de la
conflictividad de los trabajadores que desde el 2006 ha venido modificando el
escenario político popular que hoy por hoy se expresa en una fase de apertura y
de flujo de la lucha de clases que, desde la perspectiva revolucionaria
clasista y libertaria nos plantea el desafío de avanzar en la construcción de
una alternativa política popular con amplio anclaje en la experiencia social de
la clase obrera y los sectores populares.
Hoy una vez más,
como decía el sindicalista Clotario Blest la juventud debe ponerse a la cabeza
de los trabajadores y los estudiantes y el cambio social será posible; hoy una
vez más, somos los jóvenes, trabajadores, estudiante y pobladores, quienes nos
tomamos la política sin permiso, en las calles organizadamente y con la
iniciativa directa de la mano de la
claridad estratégica, quienes grano a grano vamos avanzando en la construcción
de un pueblo organizado, consciente y contento que lucha por la dignidad.
¡Arriba los y las que luchan!
Frente de Estudiantes Libertarios-Chile.
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