- FeL U de Chile
- El Frente de Estudiantes Libertarios es una organización político-social de carácter nacional integrada por militantes de las diferentes bases del país constituyendo así una organización única, federativa y horizontal que busca desarrollar una corriente revolucionaria entre los estudiantes, con el fin de levantar un Movimiento Estudiantil verdaderamente comprometido con la defensa y con la lucha por una Educación pública para el Pueblo y al servicio y dirección de las mayorías.
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lunes, 22 de agosto de 2011
martes, 19 de julio de 2011
Compañeros:
En este primer número del boletín de opinión anarquista “Voz Negra”, realizaremos un análisis de la situación nacional, dando a conocer nuestros planteamientos políticos. Nos interesa especialmente dar a conocer nuestra interpretación del panorama actual de movilización social, entregando elementos para el debate entre las organizaciones sociales del campo popular y los militantes de intención revolucionaria que se encuentran dando la pelea.
¡Desde la movilización social, a construir poder popular!
En este primer número del boletín de opinión anarquista “Voz Negra”, realizaremos un análisis de la situación nacional, dando a conocer nuestros planteamientos políticos. Nos interesa especialmente dar a conocer nuestra interpretación del panorama actual de movilización social, entregando elementos para el debate entre las organizaciones sociales del campo popular y los militantes de intención revolucionaria que se encuentran dando la pelea.
El modelo neoliberal atraviesa por su peor crisis social desde la década del 80
Durante lo que va transcurrido de este año, hemos visto cómo se levantan masivas manifestaciones que cruzan a diversos sectores de la sociedad chilena. Protestas masivas que expresan una profunda crítica de masas al modelo de desarrollo neoliberal, que no se veían desde los ‘80.
Los números de participantes ya alcanzan los cientos de miles. Desde las movilizaciones en Magallanes, pasando por Calama, las marchas contra el proyecto Hidroaysén, se han contabilizado millares de chilenos en pie de lucha. Sin embargo, es de acuerdo común que han sido las marchas por la educación las más masivas y significativas, llegando a contar con la asistencia, a nivel nacional, de cerca de 200.000 personas el 16 de junio y 500.000 el 30 de junio. Como ya mencionamos, la lectura que masivamente se está realizando, es que los principales temas que enfrenta la sociedad chilena, no son sencillamente problemas puntuales, tampoco se deben solo a conflictos de interés, corrupción o falta de eficiencia y transparencia, ni se originan exclusivamente en la ausencia de participación popular, ni en el alto grado de concentración económica. Más bien, lo que comienza a clarificarse, de forma transversal y cada vez más extensamente en los sectores populares, es que todos estos elementos, que se han hecho pan de cada día y se dan de forma combinada, se deben al modelo de sociedad, impuesto desde hace décadas por parte de la Dictadura.
Es otras palabras, se trata de la manifestación de una crisis estructural que a venido pujando de manera ascendente desde la ultima década. Tenemos aún vivo el recuerdo de los años 2005-2006, en que pudimos presenciar masivas y radicales movilizaciones de trabajadores y de estudiantes secundarios, las que por medio de las “mesas de trabajo”, “comisiones ciudadanas” y el maquillaje de las políticas sociales, pudieron ser resueltas por el bloque dominante sin cambiar nada de fondo. Luego de 5 años, podemos afirmar que las cosas siguen en un estado muy similar, por no decir idéntico, a cómo estaban antes, lo que denota los límites políticos del modelo social de mercado y hacen poco posibles las reformas tan sentidas por trabajadores y estudiantes.
Nuevamente estamos frente a una coyuntura de ascenso de la conflictividad social, pues los problemas que originan las protestas, son parte de la propia estructura de la sociedad: la matriz energética, riquezas básicas del país y el medioambiente, el sistema educacional, las condiciones económicas y de contratación de las y los trabajadores.
Medioambiente y matriz energética, el vergonzoso reflejo de nuestra dependencia
Los conflictos ambientales a partir de proyectos de generación eléctrica no son novedad en el país. Impulsados antaño por la Concertación, y hoy por la Derecha, en representación de intereses empresariales, han sido un foco de conflicto y debate que resurge cada cierto tiempo. En el pasado fue Ralco, y más recientemente Punta de Choros, Barrancones y Castilla.
Durante el primer semestre de este año, motivados en su mayoría por la campaña “Patagonia sin represas” miles de personas en todo el país se movilizaron, principalmente durante los meses de mayo y junio, contra la instalación de 5 represas en la Patagonia chilena, dos en el Río Baker y tres en el Río Pascua. Este proyecto contempla la inundación de 5.910 hectáreas y la instalación de unas 3.800 torres de 60 metros de altura, a lo largo de unos 2000 kilómetros, pues empalmaría con el Sistema Interconectado Central a la altura del Túnel Lo Prado. Las movilizaciones masivas duraron hasta que se paralizó el proyecto (20 de junio) por determinación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la decisión de la dirección del movimiento que, como buenos burgueses progresistas, se vieron asustado por la masividad de la movilización y todo lo que representaba. Sin embargo el conflicto se encuentra latente, toda vez que las intenciones del Gobierno y de la empresa es seguir impulsándolo. En función de esto, nos interesa profundizar en algunos aspectos, que nos parecen pertinentes en nuestro análisis.
En primer lugar, el conflicto por Hidroaysén evidencia una vez más el carácter dependiente de la economía chilena: centrada en la exportación de materias primas, dominada por del capital extranjero. Al mismo tiempo, el aumento de la demanda energética impulsada por la mayor cantidad de inversiones mineras, principalmente, posiciona a la electricidad como uno de los sectores más atractivos y estratégicos para los capitales trasnacionales. Todo esto posee dos implicancias fundamentales. Por un lado se produce una subordinación de la política económica nacional a las determinaciones del capital proveniente de los centros de la economía mundial, lo que en la actual coyuntura se ha concretado en la presión ejercida por Colbún y Endesa Chile, controlada por Endesa España (hoy propiedad de la italiana Enel) y del conjunto del empresariado chileno. Por otra parte, vemos que en el plano interno hay una subordinación del conjunto de la economía nacional a ciertos sectores predominantes (inversiones mineras proyectadas en el centro y norte del país), lo que “verticaliza” el modelo productivo, obstruyendo permanentemente el desarrollo local y deformando toda la economía en función de unos cuantos bienes intensivos en recursos naturales (materias primas, productos básicos o commodities), y por cierto también, generando un alto impacto económico, social y ambiental hacia la población chilena desde hace décadas.
En segundo lugar, toda esta situación mantiene abierto el debate sobre la relación entre la matriz energética, el modelo de desarrollo y el medioambiente. Hemos visto como las reivindicaciones ambientalistas han concitado la movilización y unión de miles de personas por esta causa, lo cual siempre es positivo. Sin embargo, hay que realizar algunas observaciones pertinentes. Primero, la entidad que conduce este proceso, el “Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena”, que es la responsable de la campaña “Patagonia sin represas” integra tanto a organizaciones sociales y “ciudadanas”, como a ONG ecologistas (con muy diversos planteamientos e intenciones), junto a sectores empresariales, lo que constituye una importante limitación y absoluta falta de perspectiva de clase, única capaz de dar con una salida real al conflicto. Por esa misma amplitud han concitado el apoyo de sectores políticos bastante amplios. Esta clara conducción burguesa es la responsable del cariz “ciudadano”, que se concentra en plantear la demanda a las autoridades de turno, y privilegia las acciones apegadas a la institucionalidad, sin profundizar su crítica hacia el modelo económico, social y político. Se desprende de esta situación, que es materia pendiente en la actual coyuntura, la construcción de una oposición clasista a la construcción de los mega-centrales, que plantee al mismo tiempo que el cuidado del medioambiente, la denuncia de las motivaciones que poseen estas inversiones, y una salida social al conflicto, en dirección a incrementar el poder efectivo de las comunidades circundantes y del conjunto del pueblo, para decidir sobre la pertinencia y modalidad de la generación de energía y, más relevante aún, sobre el rol y sentido de la producción como tal.
El movimiento estudiantil a la cabeza de la crítica de masas al modelo neoliberal
Sin profundizar mucho en el recuento de las movilizaciones estudiantiles, nos interesa identificar distintos aspectos que en la actual situación nos parecen relevantes para la construcción social y política.
En primer lugar, señalar que la masividad y apoyo popular que han concitado las movilizaciones son inéditas en el actual período histórico, desde las manifestaciones y protestas populares contra la Dictadura, lo que ha traído como efecto la expansión de un estado de ánimo contrario al gobierno de turno y a la educación de mercado, y proclive a la lucha social. Sin lugar a dudas debemos tomar el peso a esta situación y lograr contagiar a los distintos actores sociales, para fortalecer y hacer crecer a las organizaciones populares, y dentro ellas, a los sectores clasistas y libertarios.
En segundo lugar, lo que está en juego con estas movilizaciones, ha sido la apertura hacia mayores posibilidades de plantear cambios en el modelo. Si bien su expresión inmediata gira en torno a profundos cambios en materia educacional, con sus bases estructurales ligadas a la mercantilización, sus alcances son mucho mayores, ya que expresarían la primera reforma significativa al modelo social de mercado, nacida desde la lucha. Esto, a pesar de que el gobierno de la Derecha intente enmarcar el debate solo en “la calidad” de la educación, y en la mejora de la eficiencia de los mecanismos de mercado (transparentar el lucro, mejorar las condiciones del crédito), lo que, dicho sea de paso, al principio de estas movilizaciones -según cálculos optimistas- eran el máximo al que aspiraban las direcciones reformistas del movimiento estudiantil. Sin embargo, la ampliación de las demandas, del horizonte de lucha, y la clara legitimidad social que tiene el movimiento, se debe, en gran medida, a que, de forma inesperada pero verosímil, el movimiento estudiantil se ha vuelto la expresión organizada más amplia y potente contra las políticas que tienen a tantos en la miseria, ya sea porque amplios sectores de asalariados se ven involucrados (por ser lo que pagan por educar), así como por la “tradición” organizativa y de conflictividad social que ha caracterizado al estudiantado desde siempre.
En tercer lugar, y ligado con lo anterior, vemos que de la enorme cantidad de participantes que se han tomado la calle en las manifestaciones, cada vez más pertenecen a espacios no tradicionales, universidades privadas e institutos, colegios de la periferia, y población no organizada, es decir, se trata de una masa de personas que se han sumado a la lucha, con quienes en esta coyuntura hay que generar redes e instancias de coordinación que permitan proyectar en el futuro la masificación de las instancias de organización estudiantil y popular, partiendo por plantear la democratización de las actuales estructuras representativas del estudiantado. Como punto concreto de avance, es necesario generar los acuerdos para la reformulación del Confech en base a instancias democráticas y realmente representativas de las bases, integrando a los estudiantes de universidades privadas, institutos y centros de formación técnica.
De estas características del actual movimiento extraemos tres conclusiones. Por un lado, si bien es estudiantado ha asumido el rol de avanzada en esta crítica de masas al modelo, sus propias características estructurales lo limitan. De ahí que, al igual que en el 2006 la masividad de la movilización ha tocado techo, si no suma a otras expresiones del campo popular: trabajadoras y trabajadores, pobladoras y pobladores, e incluso, en su justa medida, avanzar en aunar criterios y tender lazos de solidaridad con organizaciones populares y estudiantiles a nivel latinoamericano e internacional. Este es un punto clave que debe ser asumido, rápidamente, por los diversos sectores de la izquierda de intención revolucionaria.
Por otra parte, si bien visualizamos la necesidad de generar en la coyuntura espacios que den cuenta de la participación de estos nuevos actores en la lucha contra la educación de mercado, vemos como un peligro latente plantearlas como direcciones paralelas del movimiento, que hoy más que nunca necesita de la unidad, en base a propuestas de demandas concretas y con un sentido de largo plazo en la lucha por una educación gratuita. Creemos importante respaldar y proteger de las direcciones burocráticas, el actual piso que actualmente ha sido aprobado en el Confech, el cual es fruto de la presión de las bases estudiantiles y de sus sectores más combativos.
Este petitorio, que vemos como un avance sustancial en la claridad programática del estudiantado, incentivada por esta serie de contradicciones estructurales, contempla como piso mínimo a conseguir los siguientes puntos: en cuanto al financiamiento universitario, un 50% de Aporte Fiscal Directo a las universidades estatales, sin el mecanismo de los “convenios de desempeño”, y el fin al lucro efectivo. Frente a la democratización, la derogación de los artículos que prohíben la asociación, a través de la modificación de la ley, para permitir la participación de estudiantes y funcionarios en los cuerpos colegiados y en la elección de autoridades unipersonales. En cuanto al financiamiento estudiantil, el reajuste integral de becas en calidad y cantidad, y la homologación de las condiciones del Crédito con Aval del Estado al Fondo solidario. También la acreditación estatal y obligatoria con arreglo a fines públicos, una TNE estatal única y nacional los 365 días del año, y financiamiento público para el reajuste de las y los trabajadores de las Universidades estatales. Estos puntos nos permiten generar un primer avance en la lucha por el sistema de educación que queremos, en la medida en que acumulamos fuerza social y política para ganar los puntos máximos del petitorio, una educación pública, gratuita y de calidad para todos. Sin embargo, los puntos más radicales, que deben ser asumidos por otros sectores sociales, son los que plantean la viabilidad del financiamiento, en especial, el llamado a la “renacionalización de nuestros recursos naturales” cuya bajada inmediata es el llamado a una “Reforma Tributaria” que contemple, al menos una “modificación al Royalty” y una modificación a “ la ley de impuestos a la renta, en específico al impuesto de primera categoría en materia de utilidades percibidas por el sector empresarial”. Por el momento, esas parecen ser las demandas que, como base común, pueden ayudar a realizar los necesarios vínculos para lograr una amplia participación y presión social que de señales que avanzamos en un proceso progresivo en el cambio de la correlación de fuerzas entre las clases.
Finalmente, vemos con buenos ojos el hecho que el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), a diferencia de muchas organizaciones de intención revolucionaria, ha realizado una autocrítica centrada en reconocer la gran cuota de responsabilidad que tenemos como sectores de izquierda: “tanto en la lentitud de la toma de posición unificada del movimiento estudiantil, como en la hegemonía cuantitativa del reformismo en las direcciones”. El contenido central de esa autocrítica refiere a que “si aún estamos dando discusiones de petitorios es porque desde la izquierda no las pudimos desarrollar antes, si el reformismo está en las direcciones, y las federaciones y el Confech no son democráticos, es porque no hemos podido cambiarlo ni ganar esas direcciones. Tenemos que aceptar la realidad de que si otro está ganando no es solamente porque es reformista, sino también porque nosotros hemos cometido errores y no hemos acumulado la suficiente fuerza”. En ese mismo sentido, la propuesta reivindicativa y práctica que se ha realizado desde el FEL, ha sido el avance en la construcción de un proyecto público de educación. Para nosotros, en el actual momento político se debe reforzar esta apuesta fundamental de los sectores clasistas y libertarios en el movimiento estudiantil, expresada en la construcción de poder estudiantil e insertando con fuerza la lucha, en todos los espacios y niveles, por demandas estructurales, de fondo, y que se articula a través del FEL, el cual ha tenido la claridad y madurez suficiente para enfrentar la actual coyuntura.
Los trabajadores ante una nueva ofensiva empresarial
Desde el 2010, hemos visto como se ha ido plasmando una nueva estrategia de ataque a los derechos de las y los trabajadores. Por la vía de fallos de la Corte Suprema (la Cuarta Sala de la Corte Suprema, desde hace tiempo han venido desmantelando jurisprudencia favorable a los trabajadores) y de dictámenes de la Inspección del Trabajo, las empresas están logrando un camino más corto para destruir la legislación laboral, saltándose el Parlamento. Esto se ha concretado en distintas materias, dentro de las que destacan la autorización a completar el sueldo mínimo con bonos de asistencia y de puntualidad, la negativa a los feriados obligatorios e irrenunciables para bodegueros, reponedores y personal administrativo, la autorización para descontar de finiquitos los créditos de Cajas de Compensación, y la autorización a pagar menos del ingreso mínimo a trabajadores con jornada mayor a 30 horas e inferior a 45. Particularmente alarmante fue lo que hace poco se dictaminó respecto a la indemnización por años de servicio, estableciéndose que a partir de ahora las asignaciones de colación y movilización no deben considerarse dentro de la base de cálculo de las indemnizaciones. No obstante, esta situación ha generado diversas reacciones e interpretaciones de parte de la institucionalidad laboral y política, y lamentablemente sin grandes presiones de parte de organizaciones sindicales, por lo que en la actualidad se encuentra pendiente su resolución.
A estos ataques judiciales directos de parte del empresariado, se agregan otros, realizados por medio de sus representantes políticos en el parlamento. Nos referimos a una ofensiva política comunicacional que sigue las reivindicaciones de la Sofofa y la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio). Un ejemplo de la ofensiva fue la carta titulada “Una agenda para más trabajo y mejor productividad”, enviada por los diputados Cristián Monckeberg, de RN, y Ernesto Silva, de la UDI, a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, donde pidieron alentar una agenda laboral para generar, según ellos, un “mercado laboral dinámico, justo y productivo”. El contenido señala como objetivos para lograr el crecimiento económico esperado, el fin del pago de indemnizaciones por años de servicio, establecer el “banco de horas” y el teletrabajo -que entre otras cosas permite terminar con el pago de horas extras-, llevar adelante la flexibilización laboral y regular el descanso dominical. Es muy relevante en el presente momento estar alertas sobre las definiciones que se vayan tomando en relación a esta agenda laboral.
Pero más allá del ámbito jurídico, al que lamentablemente muchas veces se reduce la acción sindical, varias movilizaciones de trabajadores en los distintos sectores económicos, se han suscitado en las últimas semanas. Nos parece oportuno resaltar las principales características que han tomado en la coyuntura actual, sacando algunas lecciones al respecto.
En primer lugar, creemos importante destacar la movilización realizada por los sindicatos portuarios de Lirquén, con la solidaridad de los trabajadores de su sector de la Región del Bío-Bío, y por cierto de trabajadores de otras ramas económicas. Sus principales conquistas fueron la recuperación de puestos de trabajos perdidos, con un aumento de remuneraciones “escalonado”: de un 30% para quienes ganan más y de un 40% para los que ganan menos, buscando la igualación de los salarios, lo cual es especialmente importante toda vez que los trabajadores de Lirquén llegaban a ganar hasta un 50% menos que los de Coronel o San Vicente. En esta lucha ha sido relevante la acción de la Unión Portuaria del Bío-Bío, concitando la atención de trabajadores portuarios a lo largo del país, ya que supo dar golpes fuertes al empresariado, en el paro realizado en San Vicente, Muelle Huachipato y Coronel, lo cual se ha expresado concretamente en las pérdidas generadas a los grupos económicos centrados en la exportación y que poseen sus inversiones en la Región del Bío-Bío.
Por otra parte, nos parece destacable la manifestación en el centro de Santiago organizada por sindicatos del sector comercio, entre ellos subcontratistas (29 de junio) que tuvo como motivo plantear una protesta por la fijación del salario mínimo. El miserable reajuste al sueldo mínimo propuesto por el gobierno, el que luego de diversas presiones, puso como límite máximo $182.000, ha concitado las protestas por parte de estos sindicatos, que se encuentran en uno de los sectores donde se concentra una gigantesca cantidad de trabajadoras y trabajadores, y donde el contraste entre sueldos y ganancias empresariales son más grandes. El límite de esta iniciativa sin lugar a dudas está en que la representación oficial de los trabajadores en estas negociaciones, la realiza la burocracia sindical de la CUT, la que se ha mostrado nuevamente pasiva y brilla por su ausencia en cualquier tipo de oposición real a la ofensiva del empresariado.
En tercer lugar, destacamos la activación que han experimentado los trabajadores del cobre. Partiendo por los trabajadores subcontratistas de “El Teniente”, que han mantenido una movilización por varias semanas, y actualmente la Federación de Trabajadores del Cobre, que ha convocado una paralización para el día 11 de julio en contra de las acciones de privatización de CODELCO. Tanto los procesos de discusión previa como las movilizaciones mismas, no han estado exentos de roces entre las distintas tendencias de los trabajadores y sus sindicatos, lo cual recién comienza a ser superado a partir de las adhesiones que movilizaciones motivadas por la defensa del cobre no pueden dejar de concitar en los sectores clasistas, en base a propuestas concretas de unidad programática y de solidaridad.
Frente a las distintas limitaciones que se presentan en las organizaciones y movilizaciones de trabajadores, y de un panorama político no muy alentador -como hemos visto, se está agudizando la presión empresarial sobre las condiciones laborales- creemos que la principal tarea para la actual coyuntura pasa por la masificación de la deslegitimación del modelo entre los trabajadores, para lo cual es necesario que se vaya avanzando en construir la unidad de los sectores clasistas, en base a demandas concretas, reivindicaciones y perspectivas de largo plazo, y con contenidos políticos claros. En la actual coyuntura se evidenció la incapacidad de la CUT para encabezar la transversalización de las luchas sociales, lo cual ha suscitado críticas de parte de la izquierda a Arturo Martínez, esta vez, incluso de parte de sus socios del PC. Pero vemos que la crítica a la burocracia del la CUT tiene un límite, pues los esfuerzos para concretar una alternativa de unidad no han sido lo suficientemente sólidos como para lograr la superación del actual estado de cosas. En este esfuerzo, los sectores libertarios -desde las bases sindicales- ciertamente nos haremos parte.
Crisis de la política...burguesa
A la par que aumentan los signos de movilización social, ha ido decayendo la legitimidad de la política implementada por la burguesía, encarnada en la serie de partidos políticos que, en su conjunto, conforman la muy mal llamada “clase política”. Más que una visión apocalíptica de “crisis de la política”, lo que vemos es la emergencia de una política independiente del aparato institucional y del Estado, que hoy por hoy está completamente incapacitado de integrar o representar los intereses que subyacen a esta nueva política nacida desde abajo. Prueba de ello es el bajísimo grado de aprobación de Piñera y el gobierno (31%) que no se ha traspasado a la oposición (estancada en un poco más del 20% de aprobación). Pero así también, tanto el Senado como la Cámara de diputados carecen de toda legitimidad social, con menos de un 25% de aprobación.
Las reacciones primarias del bloque dominante a esta pérdida casi absoluta de conducción -originado en los conflictos sociales- apuntan a disciplinar la acción política al orden social vigente y su legalidad. Así, se repite lo sucedido en años anteriores -como el 2006 con las movilizaciones de los secundarios-, toda demanda social significativa choca de frente con un muro: la defensa del orden jurídico y político vigente diseñado a la medida del empresariado, deviniendo, rápidamente, en lucha política. Piñera ha señalado hace poco que “necesitamos más unidad y menos divisiones. Más colaboración y menos enfrentamiento. Más responsabilidad y menos demagogia. Más orden y menos paros, menos violencia”, es decir, el apunta a la creación de una mayor unidad en el bloque dominante, y que hoy se expresa en un gran espaldarazo al modelo social de mercado y los parásitos que se alimenta de él. Por su parte, Andrés Concha, el presidente de la Sofofa fue bastante claro al decir que “están surgiendo situaciones donde, frente a un determinado proyecto de inversión, la sociedad civil desafía la legalidad vigente”. Ante la misma situación Constans, presidente de la CPC, deja claro que “hay una normativa que debe ser respetada”.
Se nota que la falta completa de oposición real -esto es, desde el pueblo- ha acostumbrado a los sectores dominantes a hacer y deshacer a antojo, a dar palos y zanahorias a los explotados y oprimidos cuando parecen levantar la cabeza. Sin embargo, esta forma de exclusión no puede ser sustentable en el tiempo. Creemos que la ausencia de un plan institucional, es decir, la carencia de una política de inclusión de las demandas sociales en las decisiones del Estado, lo que, dicho sea de paso, dentro de este modelo siempre ha sido más bien ficticia que real, va profundizando cada vez más la brecha estructural que existe entre el Estado y la sociedad civil. Tal relación no es sino necesaria en el modelo social de mercado, no es un mero accidente, sino una de sus condiciones de posibilidad. Toda expresión política independiente de clase es una amenaza para los frágiles equilibrios macro-económicos.
Frente a todo este panorama, se ha instalado en la opinión pública el debate entre distintas salidas. La que es planteada por la Derecha y el gobierno, en concordancia con lo antes planteado, se trata de apuesta tecnocrática, de reordenamiento de las prioridades y reforzamiento del gasto social focalizado. Por otra parte, la Concertación y la izquierda tradicional, hablan de una salida por medio de las reformas políticas y la revitalización de los partidos. Se trata de un giro pseudo-reformista, que sin lugar a dudas tiende a resolver “por arriba” el problema con un fuerte énfasis en el aseguramiento de la gobernabilidad.
Más allá de estas miradas, nos parece más relevante entender cuáles son las salidas que se posicionan desde los propios actores sociales. En los sectores movilizados y sus organizaciones, las Federaciones de estudiantes, Asambleas y diversos espacios populares, se ha posicionado con más fuerza la necesidad de una salida política que se replantee los marcos de la democracia chilena, y tal respuesta ha sido generada fundamentalmente desde el reformismo, el cual ya prepara su papel en la desmovilización y de cooptación del movimiento social, bajo la idea de una “asamblea constituyente”. Este discurso cala fuerte toda vez que los niveles de conciencia apuntan a esta salida “ciudadana”, amparada en la supuesta igualdad de derechos políticos que debe garantizarse en toda democracia, y que como sabemos, solamente encubre y media la dominación efectiva de clase que sustenta el Estado capitalista. En otras palabras, la vía de la asamblea constituyente es entregarle en bandeja la fuerza del movimiento popular a la burguesía, darle la oportunidad de ampliar su marco táctico de maniobra y truncar la posibilidad del socialismo, único eje programático que nos permitirá consolidar lo alcanzado y avanzar con firmeza.
Anarquistas en la construcción de poder popular
Para nosotros como anarquistas, la asamblea constituyente no es sinónimo de una salida efectiva al modelo actual, a sus injusticias, y las relaciones de poder entre clases. Es muy sabido que no por cambiar la ley, cambiarán las realidades más fundamentales. Si bien con las modificaciones jurídicas se pueden ganar derechos puntuales, lo cual es necesario en las luchas sociales, el plantear como única salida el cambio constitucional no contempla la capacidad del propio bloque dominante de asegurar y renovar su dominio por medio de ello. Y esto porque todo avance político de la clase trabajadora, expresado en una ley determinada, no depende, en ultima instancia, del estado de derecho, sino de la fuerza misma de esa clase para conservar y ampliar sus triunfos. Por lo tanto, pensar que el Estado puede obrar como garante de la lucha popular es mera palabrería vacía.
Pero esta cuestión no puede resolverse a medias, y tampoco en el corto plazo, sino que hay que tener perspectiva de largo plazo, y asumiendo que nuestra acción en el seno de las organizaciones populares debe poseer una estrategia concreta y efectiva de ruptura.
En este sentido, creemos que la apuesta fundamental de los libertarios debe pasar por construir una salida social mucho más concreta y capaz de masificarse, cuyas líneas centrales, deben ser trabajadas políticamente, en vinculación con la acción en las organizaciones populares y que deben tener como eje rector la incapacidad del modelo actual de desarrollo capitalista para satisfacer la diversidad de demandas sociales y, de esta forma, retomar los hilos históricos de construcción de una alternativa socialista y libertaria. Destacamos el rol que en este proceso debe cumplir la organización política revolucionaria, como un llamado a los referentes libertarios y en general a la militancia popular anarquista a vincularse a estos procesos y entre ellas, a afinar sus propuestas programáticas, la formación de sus cuadros, profundizando y ampliando la construcción del proyecto comunista libertario y tomar en cuenta las necesidades que se desprenden de ello.
Nuestra propuesta para la construcción de esta salida social, tiene como eje central la comprensión de que el objetivo para el actual momento, a partir de las movilizaciones, es fortalecer la organización social en la línea de construcción del poder popular. Esto implica en primer término el que en cada movilización que se vaya presentando, se debe apostar a ganar derechos sociales y económicos concretos, que vayan evidenciando los límites del modelo, y al mismo tiempo vayan potenciando la construcción de conciencia de clase de los sectores populares.
Por otra parte, y en forma complementaria con lo anterior, el fortalecimiento de las capacidades del pueblo pasa hoy por avanzar en la democratización de las organizaciones burocráticas. Como vimos, en los últimos tiempos se ha evidenciado la incapacidad de la CUT para encabezar la transversalización de las luchas sociales, así como también la limitación de la Confech para representar al conjunto del estudiantado. Aprovechando esta coyuntura debe plantearse con fuerza la articulación de los sectores clasistas, en función de comenzar a construir una movimiento sindical y de una central obrera- capaz de hacerse cargo del conjunto de las demandas populares, así como la consigna de la reformulación de la Confech, que debe ampliarse, sobre todo, hacia los sectores estudiantiles más precarizados, logrando una mayor afluencia de origen obrero.
Al mismo tiempo, se ve como necesario para avanzar en la conquista de derechos sociales, el plantear instancias de unidad social, desde abajo y en la lucha, entre los distintos actores populares, venciendo la resistencia hacia esta convergencia de parte de las direcciones burocráticas del movimiento social, donde se aloja la fuerza principal del reformismo organizado. Pero creemos importante entender que si el reformismo aún sigue a la cabeza del movimiento social, canalizando el descontento hacia sus intereses, no es porque estén destinados de forma indiscutible, sino que hoy no existen ni las condiciones ni la capacidad de otros sectores para ocupar esos espacios y sostener proceso de reconstrucción de las estructuras y de las lógicas de organización. Por ello, otro de los roles fundamentales de los sectores de intención revolucionaria en el actual momento, con este gran influjo de fuerza social, es plantearse seriamente la profundización de sus propuestas para alternativas de poder, potenciando formas nuevas de organización y de auto-conducción que logren abandonar, realmente, esas viejas estructuras que se han sostenido en el tiempo sólo por el vicio propio de la des-movilización y su consecuente burocratización.
Tal panorama nos da una opción real para buscar salidas de masas y desde abajo, disputando a aquellos que esperan desplazar toda esta fuerza hacia una “nueva institucionalidad”, fundada en una nueva constitución. Es ahora, y no mañana, cuando el desarrollo de alternativas de poder se vuelve un tema verosímil, por lo que es tarea necesaria y urgente construir y avanzar en la propuesta libertaria y popular y en los órganos que la hagan posible
Durante lo que va transcurrido de este año, hemos visto cómo se levantan masivas manifestaciones que cruzan a diversos sectores de la sociedad chilena. Protestas masivas que expresan una profunda crítica de masas al modelo de desarrollo neoliberal, que no se veían desde los ‘80.
Los números de participantes ya alcanzan los cientos de miles. Desde las movilizaciones en Magallanes, pasando por Calama, las marchas contra el proyecto Hidroaysén, se han contabilizado millares de chilenos en pie de lucha. Sin embargo, es de acuerdo común que han sido las marchas por la educación las más masivas y significativas, llegando a contar con la asistencia, a nivel nacional, de cerca de 200.000 personas el 16 de junio y 500.000 el 30 de junio. Como ya mencionamos, la lectura que masivamente se está realizando, es que los principales temas que enfrenta la sociedad chilena, no son sencillamente problemas puntuales, tampoco se deben solo a conflictos de interés, corrupción o falta de eficiencia y transparencia, ni se originan exclusivamente en la ausencia de participación popular, ni en el alto grado de concentración económica. Más bien, lo que comienza a clarificarse, de forma transversal y cada vez más extensamente en los sectores populares, es que todos estos elementos, que se han hecho pan de cada día y se dan de forma combinada, se deben al modelo de sociedad, impuesto desde hace décadas por parte de la Dictadura.
Es otras palabras, se trata de la manifestación de una crisis estructural que a venido pujando de manera ascendente desde la ultima década. Tenemos aún vivo el recuerdo de los años 2005-2006, en que pudimos presenciar masivas y radicales movilizaciones de trabajadores y de estudiantes secundarios, las que por medio de las “mesas de trabajo”, “comisiones ciudadanas” y el maquillaje de las políticas sociales, pudieron ser resueltas por el bloque dominante sin cambiar nada de fondo. Luego de 5 años, podemos afirmar que las cosas siguen en un estado muy similar, por no decir idéntico, a cómo estaban antes, lo que denota los límites políticos del modelo social de mercado y hacen poco posibles las reformas tan sentidas por trabajadores y estudiantes.
Nuevamente estamos frente a una coyuntura de ascenso de la conflictividad social, pues los problemas que originan las protestas, son parte de la propia estructura de la sociedad: la matriz energética, riquezas básicas del país y el medioambiente, el sistema educacional, las condiciones económicas y de contratación de las y los trabajadores.
Medioambiente y matriz energética, el vergonzoso reflejo de nuestra dependencia
Los conflictos ambientales a partir de proyectos de generación eléctrica no son novedad en el país. Impulsados antaño por la Concertación, y hoy por la Derecha, en representación de intereses empresariales, han sido un foco de conflicto y debate que resurge cada cierto tiempo. En el pasado fue Ralco, y más recientemente Punta de Choros, Barrancones y Castilla.
Durante el primer semestre de este año, motivados en su mayoría por la campaña “Patagonia sin represas” miles de personas en todo el país se movilizaron, principalmente durante los meses de mayo y junio, contra la instalación de 5 represas en la Patagonia chilena, dos en el Río Baker y tres en el Río Pascua. Este proyecto contempla la inundación de 5.910 hectáreas y la instalación de unas 3.800 torres de 60 metros de altura, a lo largo de unos 2000 kilómetros, pues empalmaría con el Sistema Interconectado Central a la altura del Túnel Lo Prado. Las movilizaciones masivas duraron hasta que se paralizó el proyecto (20 de junio) por determinación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la decisión de la dirección del movimiento que, como buenos burgueses progresistas, se vieron asustado por la masividad de la movilización y todo lo que representaba. Sin embargo el conflicto se encuentra latente, toda vez que las intenciones del Gobierno y de la empresa es seguir impulsándolo. En función de esto, nos interesa profundizar en algunos aspectos, que nos parecen pertinentes en nuestro análisis.
En primer lugar, el conflicto por Hidroaysén evidencia una vez más el carácter dependiente de la economía chilena: centrada en la exportación de materias primas, dominada por del capital extranjero. Al mismo tiempo, el aumento de la demanda energética impulsada por la mayor cantidad de inversiones mineras, principalmente, posiciona a la electricidad como uno de los sectores más atractivos y estratégicos para los capitales trasnacionales. Todo esto posee dos implicancias fundamentales. Por un lado se produce una subordinación de la política económica nacional a las determinaciones del capital proveniente de los centros de la economía mundial, lo que en la actual coyuntura se ha concretado en la presión ejercida por Colbún y Endesa Chile, controlada por Endesa España (hoy propiedad de la italiana Enel) y del conjunto del empresariado chileno. Por otra parte, vemos que en el plano interno hay una subordinación del conjunto de la economía nacional a ciertos sectores predominantes (inversiones mineras proyectadas en el centro y norte del país), lo que “verticaliza” el modelo productivo, obstruyendo permanentemente el desarrollo local y deformando toda la economía en función de unos cuantos bienes intensivos en recursos naturales (materias primas, productos básicos o commodities), y por cierto también, generando un alto impacto económico, social y ambiental hacia la población chilena desde hace décadas.
En segundo lugar, toda esta situación mantiene abierto el debate sobre la relación entre la matriz energética, el modelo de desarrollo y el medioambiente. Hemos visto como las reivindicaciones ambientalistas han concitado la movilización y unión de miles de personas por esta causa, lo cual siempre es positivo. Sin embargo, hay que realizar algunas observaciones pertinentes. Primero, la entidad que conduce este proceso, el “Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena”, que es la responsable de la campaña “Patagonia sin represas” integra tanto a organizaciones sociales y “ciudadanas”, como a ONG ecologistas (con muy diversos planteamientos e intenciones), junto a sectores empresariales, lo que constituye una importante limitación y absoluta falta de perspectiva de clase, única capaz de dar con una salida real al conflicto. Por esa misma amplitud han concitado el apoyo de sectores políticos bastante amplios. Esta clara conducción burguesa es la responsable del cariz “ciudadano”, que se concentra en plantear la demanda a las autoridades de turno, y privilegia las acciones apegadas a la institucionalidad, sin profundizar su crítica hacia el modelo económico, social y político. Se desprende de esta situación, que es materia pendiente en la actual coyuntura, la construcción de una oposición clasista a la construcción de los mega-centrales, que plantee al mismo tiempo que el cuidado del medioambiente, la denuncia de las motivaciones que poseen estas inversiones, y una salida social al conflicto, en dirección a incrementar el poder efectivo de las comunidades circundantes y del conjunto del pueblo, para decidir sobre la pertinencia y modalidad de la generación de energía y, más relevante aún, sobre el rol y sentido de la producción como tal.
El movimiento estudiantil a la cabeza de la crítica de masas al modelo neoliberal
Sin profundizar mucho en el recuento de las movilizaciones estudiantiles, nos interesa identificar distintos aspectos que en la actual situación nos parecen relevantes para la construcción social y política.
En primer lugar, señalar que la masividad y apoyo popular que han concitado las movilizaciones son inéditas en el actual período histórico, desde las manifestaciones y protestas populares contra la Dictadura, lo que ha traído como efecto la expansión de un estado de ánimo contrario al gobierno de turno y a la educación de mercado, y proclive a la lucha social. Sin lugar a dudas debemos tomar el peso a esta situación y lograr contagiar a los distintos actores sociales, para fortalecer y hacer crecer a las organizaciones populares, y dentro ellas, a los sectores clasistas y libertarios.
En segundo lugar, lo que está en juego con estas movilizaciones, ha sido la apertura hacia mayores posibilidades de plantear cambios en el modelo. Si bien su expresión inmediata gira en torno a profundos cambios en materia educacional, con sus bases estructurales ligadas a la mercantilización, sus alcances son mucho mayores, ya que expresarían la primera reforma significativa al modelo social de mercado, nacida desde la lucha. Esto, a pesar de que el gobierno de la Derecha intente enmarcar el debate solo en “la calidad” de la educación, y en la mejora de la eficiencia de los mecanismos de mercado (transparentar el lucro, mejorar las condiciones del crédito), lo que, dicho sea de paso, al principio de estas movilizaciones -según cálculos optimistas- eran el máximo al que aspiraban las direcciones reformistas del movimiento estudiantil. Sin embargo, la ampliación de las demandas, del horizonte de lucha, y la clara legitimidad social que tiene el movimiento, se debe, en gran medida, a que, de forma inesperada pero verosímil, el movimiento estudiantil se ha vuelto la expresión organizada más amplia y potente contra las políticas que tienen a tantos en la miseria, ya sea porque amplios sectores de asalariados se ven involucrados (por ser lo que pagan por educar), así como por la “tradición” organizativa y de conflictividad social que ha caracterizado al estudiantado desde siempre.
En tercer lugar, y ligado con lo anterior, vemos que de la enorme cantidad de participantes que se han tomado la calle en las manifestaciones, cada vez más pertenecen a espacios no tradicionales, universidades privadas e institutos, colegios de la periferia, y población no organizada, es decir, se trata de una masa de personas que se han sumado a la lucha, con quienes en esta coyuntura hay que generar redes e instancias de coordinación que permitan proyectar en el futuro la masificación de las instancias de organización estudiantil y popular, partiendo por plantear la democratización de las actuales estructuras representativas del estudiantado. Como punto concreto de avance, es necesario generar los acuerdos para la reformulación del Confech en base a instancias democráticas y realmente representativas de las bases, integrando a los estudiantes de universidades privadas, institutos y centros de formación técnica.
De estas características del actual movimiento extraemos tres conclusiones. Por un lado, si bien es estudiantado ha asumido el rol de avanzada en esta crítica de masas al modelo, sus propias características estructurales lo limitan. De ahí que, al igual que en el 2006 la masividad de la movilización ha tocado techo, si no suma a otras expresiones del campo popular: trabajadoras y trabajadores, pobladoras y pobladores, e incluso, en su justa medida, avanzar en aunar criterios y tender lazos de solidaridad con organizaciones populares y estudiantiles a nivel latinoamericano e internacional. Este es un punto clave que debe ser asumido, rápidamente, por los diversos sectores de la izquierda de intención revolucionaria.
Por otra parte, si bien visualizamos la necesidad de generar en la coyuntura espacios que den cuenta de la participación de estos nuevos actores en la lucha contra la educación de mercado, vemos como un peligro latente plantearlas como direcciones paralelas del movimiento, que hoy más que nunca necesita de la unidad, en base a propuestas de demandas concretas y con un sentido de largo plazo en la lucha por una educación gratuita. Creemos importante respaldar y proteger de las direcciones burocráticas, el actual piso que actualmente ha sido aprobado en el Confech, el cual es fruto de la presión de las bases estudiantiles y de sus sectores más combativos.
Este petitorio, que vemos como un avance sustancial en la claridad programática del estudiantado, incentivada por esta serie de contradicciones estructurales, contempla como piso mínimo a conseguir los siguientes puntos: en cuanto al financiamiento universitario, un 50% de Aporte Fiscal Directo a las universidades estatales, sin el mecanismo de los “convenios de desempeño”, y el fin al lucro efectivo. Frente a la democratización, la derogación de los artículos que prohíben la asociación, a través de la modificación de la ley, para permitir la participación de estudiantes y funcionarios en los cuerpos colegiados y en la elección de autoridades unipersonales. En cuanto al financiamiento estudiantil, el reajuste integral de becas en calidad y cantidad, y la homologación de las condiciones del Crédito con Aval del Estado al Fondo solidario. También la acreditación estatal y obligatoria con arreglo a fines públicos, una TNE estatal única y nacional los 365 días del año, y financiamiento público para el reajuste de las y los trabajadores de las Universidades estatales. Estos puntos nos permiten generar un primer avance en la lucha por el sistema de educación que queremos, en la medida en que acumulamos fuerza social y política para ganar los puntos máximos del petitorio, una educación pública, gratuita y de calidad para todos. Sin embargo, los puntos más radicales, que deben ser asumidos por otros sectores sociales, son los que plantean la viabilidad del financiamiento, en especial, el llamado a la “renacionalización de nuestros recursos naturales” cuya bajada inmediata es el llamado a una “Reforma Tributaria” que contemple, al menos una “modificación al Royalty” y una modificación a “ la ley de impuestos a la renta, en específico al impuesto de primera categoría en materia de utilidades percibidas por el sector empresarial”. Por el momento, esas parecen ser las demandas que, como base común, pueden ayudar a realizar los necesarios vínculos para lograr una amplia participación y presión social que de señales que avanzamos en un proceso progresivo en el cambio de la correlación de fuerzas entre las clases.
Finalmente, vemos con buenos ojos el hecho que el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), a diferencia de muchas organizaciones de intención revolucionaria, ha realizado una autocrítica centrada en reconocer la gran cuota de responsabilidad que tenemos como sectores de izquierda: “tanto en la lentitud de la toma de posición unificada del movimiento estudiantil, como en la hegemonía cuantitativa del reformismo en las direcciones”. El contenido central de esa autocrítica refiere a que “si aún estamos dando discusiones de petitorios es porque desde la izquierda no las pudimos desarrollar antes, si el reformismo está en las direcciones, y las federaciones y el Confech no son democráticos, es porque no hemos podido cambiarlo ni ganar esas direcciones. Tenemos que aceptar la realidad de que si otro está ganando no es solamente porque es reformista, sino también porque nosotros hemos cometido errores y no hemos acumulado la suficiente fuerza”. En ese mismo sentido, la propuesta reivindicativa y práctica que se ha realizado desde el FEL, ha sido el avance en la construcción de un proyecto público de educación. Para nosotros, en el actual momento político se debe reforzar esta apuesta fundamental de los sectores clasistas y libertarios en el movimiento estudiantil, expresada en la construcción de poder estudiantil e insertando con fuerza la lucha, en todos los espacios y niveles, por demandas estructurales, de fondo, y que se articula a través del FEL, el cual ha tenido la claridad y madurez suficiente para enfrentar la actual coyuntura.
Los trabajadores ante una nueva ofensiva empresarial
Desde el 2010, hemos visto como se ha ido plasmando una nueva estrategia de ataque a los derechos de las y los trabajadores. Por la vía de fallos de la Corte Suprema (la Cuarta Sala de la Corte Suprema, desde hace tiempo han venido desmantelando jurisprudencia favorable a los trabajadores) y de dictámenes de la Inspección del Trabajo, las empresas están logrando un camino más corto para destruir la legislación laboral, saltándose el Parlamento. Esto se ha concretado en distintas materias, dentro de las que destacan la autorización a completar el sueldo mínimo con bonos de asistencia y de puntualidad, la negativa a los feriados obligatorios e irrenunciables para bodegueros, reponedores y personal administrativo, la autorización para descontar de finiquitos los créditos de Cajas de Compensación, y la autorización a pagar menos del ingreso mínimo a trabajadores con jornada mayor a 30 horas e inferior a 45. Particularmente alarmante fue lo que hace poco se dictaminó respecto a la indemnización por años de servicio, estableciéndose que a partir de ahora las asignaciones de colación y movilización no deben considerarse dentro de la base de cálculo de las indemnizaciones. No obstante, esta situación ha generado diversas reacciones e interpretaciones de parte de la institucionalidad laboral y política, y lamentablemente sin grandes presiones de parte de organizaciones sindicales, por lo que en la actualidad se encuentra pendiente su resolución.
A estos ataques judiciales directos de parte del empresariado, se agregan otros, realizados por medio de sus representantes políticos en el parlamento. Nos referimos a una ofensiva política comunicacional que sigue las reivindicaciones de la Sofofa y la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio). Un ejemplo de la ofensiva fue la carta titulada “Una agenda para más trabajo y mejor productividad”, enviada por los diputados Cristián Monckeberg, de RN, y Ernesto Silva, de la UDI, a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, donde pidieron alentar una agenda laboral para generar, según ellos, un “mercado laboral dinámico, justo y productivo”. El contenido señala como objetivos para lograr el crecimiento económico esperado, el fin del pago de indemnizaciones por años de servicio, establecer el “banco de horas” y el teletrabajo -que entre otras cosas permite terminar con el pago de horas extras-, llevar adelante la flexibilización laboral y regular el descanso dominical. Es muy relevante en el presente momento estar alertas sobre las definiciones que se vayan tomando en relación a esta agenda laboral.
Pero más allá del ámbito jurídico, al que lamentablemente muchas veces se reduce la acción sindical, varias movilizaciones de trabajadores en los distintos sectores económicos, se han suscitado en las últimas semanas. Nos parece oportuno resaltar las principales características que han tomado en la coyuntura actual, sacando algunas lecciones al respecto.
En primer lugar, creemos importante destacar la movilización realizada por los sindicatos portuarios de Lirquén, con la solidaridad de los trabajadores de su sector de la Región del Bío-Bío, y por cierto de trabajadores de otras ramas económicas. Sus principales conquistas fueron la recuperación de puestos de trabajos perdidos, con un aumento de remuneraciones “escalonado”: de un 30% para quienes ganan más y de un 40% para los que ganan menos, buscando la igualación de los salarios, lo cual es especialmente importante toda vez que los trabajadores de Lirquén llegaban a ganar hasta un 50% menos que los de Coronel o San Vicente. En esta lucha ha sido relevante la acción de la Unión Portuaria del Bío-Bío, concitando la atención de trabajadores portuarios a lo largo del país, ya que supo dar golpes fuertes al empresariado, en el paro realizado en San Vicente, Muelle Huachipato y Coronel, lo cual se ha expresado concretamente en las pérdidas generadas a los grupos económicos centrados en la exportación y que poseen sus inversiones en la Región del Bío-Bío.
Por otra parte, nos parece destacable la manifestación en el centro de Santiago organizada por sindicatos del sector comercio, entre ellos subcontratistas (29 de junio) que tuvo como motivo plantear una protesta por la fijación del salario mínimo. El miserable reajuste al sueldo mínimo propuesto por el gobierno, el que luego de diversas presiones, puso como límite máximo $182.000, ha concitado las protestas por parte de estos sindicatos, que se encuentran en uno de los sectores donde se concentra una gigantesca cantidad de trabajadoras y trabajadores, y donde el contraste entre sueldos y ganancias empresariales son más grandes. El límite de esta iniciativa sin lugar a dudas está en que la representación oficial de los trabajadores en estas negociaciones, la realiza la burocracia sindical de la CUT, la que se ha mostrado nuevamente pasiva y brilla por su ausencia en cualquier tipo de oposición real a la ofensiva del empresariado.
En tercer lugar, destacamos la activación que han experimentado los trabajadores del cobre. Partiendo por los trabajadores subcontratistas de “El Teniente”, que han mantenido una movilización por varias semanas, y actualmente la Federación de Trabajadores del Cobre, que ha convocado una paralización para el día 11 de julio en contra de las acciones de privatización de CODELCO. Tanto los procesos de discusión previa como las movilizaciones mismas, no han estado exentos de roces entre las distintas tendencias de los trabajadores y sus sindicatos, lo cual recién comienza a ser superado a partir de las adhesiones que movilizaciones motivadas por la defensa del cobre no pueden dejar de concitar en los sectores clasistas, en base a propuestas concretas de unidad programática y de solidaridad.
Frente a las distintas limitaciones que se presentan en las organizaciones y movilizaciones de trabajadores, y de un panorama político no muy alentador -como hemos visto, se está agudizando la presión empresarial sobre las condiciones laborales- creemos que la principal tarea para la actual coyuntura pasa por la masificación de la deslegitimación del modelo entre los trabajadores, para lo cual es necesario que se vaya avanzando en construir la unidad de los sectores clasistas, en base a demandas concretas, reivindicaciones y perspectivas de largo plazo, y con contenidos políticos claros. En la actual coyuntura se evidenció la incapacidad de la CUT para encabezar la transversalización de las luchas sociales, lo cual ha suscitado críticas de parte de la izquierda a Arturo Martínez, esta vez, incluso de parte de sus socios del PC. Pero vemos que la crítica a la burocracia del la CUT tiene un límite, pues los esfuerzos para concretar una alternativa de unidad no han sido lo suficientemente sólidos como para lograr la superación del actual estado de cosas. En este esfuerzo, los sectores libertarios -desde las bases sindicales- ciertamente nos haremos parte.
Crisis de la política...burguesa
A la par que aumentan los signos de movilización social, ha ido decayendo la legitimidad de la política implementada por la burguesía, encarnada en la serie de partidos políticos que, en su conjunto, conforman la muy mal llamada “clase política”. Más que una visión apocalíptica de “crisis de la política”, lo que vemos es la emergencia de una política independiente del aparato institucional y del Estado, que hoy por hoy está completamente incapacitado de integrar o representar los intereses que subyacen a esta nueva política nacida desde abajo. Prueba de ello es el bajísimo grado de aprobación de Piñera y el gobierno (31%) que no se ha traspasado a la oposición (estancada en un poco más del 20% de aprobación). Pero así también, tanto el Senado como la Cámara de diputados carecen de toda legitimidad social, con menos de un 25% de aprobación.
Las reacciones primarias del bloque dominante a esta pérdida casi absoluta de conducción -originado en los conflictos sociales- apuntan a disciplinar la acción política al orden social vigente y su legalidad. Así, se repite lo sucedido en años anteriores -como el 2006 con las movilizaciones de los secundarios-, toda demanda social significativa choca de frente con un muro: la defensa del orden jurídico y político vigente diseñado a la medida del empresariado, deviniendo, rápidamente, en lucha política. Piñera ha señalado hace poco que “necesitamos más unidad y menos divisiones. Más colaboración y menos enfrentamiento. Más responsabilidad y menos demagogia. Más orden y menos paros, menos violencia”, es decir, el apunta a la creación de una mayor unidad en el bloque dominante, y que hoy se expresa en un gran espaldarazo al modelo social de mercado y los parásitos que se alimenta de él. Por su parte, Andrés Concha, el presidente de la Sofofa fue bastante claro al decir que “están surgiendo situaciones donde, frente a un determinado proyecto de inversión, la sociedad civil desafía la legalidad vigente”. Ante la misma situación Constans, presidente de la CPC, deja claro que “hay una normativa que debe ser respetada”.
Se nota que la falta completa de oposición real -esto es, desde el pueblo- ha acostumbrado a los sectores dominantes a hacer y deshacer a antojo, a dar palos y zanahorias a los explotados y oprimidos cuando parecen levantar la cabeza. Sin embargo, esta forma de exclusión no puede ser sustentable en el tiempo. Creemos que la ausencia de un plan institucional, es decir, la carencia de una política de inclusión de las demandas sociales en las decisiones del Estado, lo que, dicho sea de paso, dentro de este modelo siempre ha sido más bien ficticia que real, va profundizando cada vez más la brecha estructural que existe entre el Estado y la sociedad civil. Tal relación no es sino necesaria en el modelo social de mercado, no es un mero accidente, sino una de sus condiciones de posibilidad. Toda expresión política independiente de clase es una amenaza para los frágiles equilibrios macro-económicos.
Frente a todo este panorama, se ha instalado en la opinión pública el debate entre distintas salidas. La que es planteada por la Derecha y el gobierno, en concordancia con lo antes planteado, se trata de apuesta tecnocrática, de reordenamiento de las prioridades y reforzamiento del gasto social focalizado. Por otra parte, la Concertación y la izquierda tradicional, hablan de una salida por medio de las reformas políticas y la revitalización de los partidos. Se trata de un giro pseudo-reformista, que sin lugar a dudas tiende a resolver “por arriba” el problema con un fuerte énfasis en el aseguramiento de la gobernabilidad.
Más allá de estas miradas, nos parece más relevante entender cuáles son las salidas que se posicionan desde los propios actores sociales. En los sectores movilizados y sus organizaciones, las Federaciones de estudiantes, Asambleas y diversos espacios populares, se ha posicionado con más fuerza la necesidad de una salida política que se replantee los marcos de la democracia chilena, y tal respuesta ha sido generada fundamentalmente desde el reformismo, el cual ya prepara su papel en la desmovilización y de cooptación del movimiento social, bajo la idea de una “asamblea constituyente”. Este discurso cala fuerte toda vez que los niveles de conciencia apuntan a esta salida “ciudadana”, amparada en la supuesta igualdad de derechos políticos que debe garantizarse en toda democracia, y que como sabemos, solamente encubre y media la dominación efectiva de clase que sustenta el Estado capitalista. En otras palabras, la vía de la asamblea constituyente es entregarle en bandeja la fuerza del movimiento popular a la burguesía, darle la oportunidad de ampliar su marco táctico de maniobra y truncar la posibilidad del socialismo, único eje programático que nos permitirá consolidar lo alcanzado y avanzar con firmeza.
Anarquistas en la construcción de poder popular
Para nosotros como anarquistas, la asamblea constituyente no es sinónimo de una salida efectiva al modelo actual, a sus injusticias, y las relaciones de poder entre clases. Es muy sabido que no por cambiar la ley, cambiarán las realidades más fundamentales. Si bien con las modificaciones jurídicas se pueden ganar derechos puntuales, lo cual es necesario en las luchas sociales, el plantear como única salida el cambio constitucional no contempla la capacidad del propio bloque dominante de asegurar y renovar su dominio por medio de ello. Y esto porque todo avance político de la clase trabajadora, expresado en una ley determinada, no depende, en ultima instancia, del estado de derecho, sino de la fuerza misma de esa clase para conservar y ampliar sus triunfos. Por lo tanto, pensar que el Estado puede obrar como garante de la lucha popular es mera palabrería vacía.
Pero esta cuestión no puede resolverse a medias, y tampoco en el corto plazo, sino que hay que tener perspectiva de largo plazo, y asumiendo que nuestra acción en el seno de las organizaciones populares debe poseer una estrategia concreta y efectiva de ruptura.
En este sentido, creemos que la apuesta fundamental de los libertarios debe pasar por construir una salida social mucho más concreta y capaz de masificarse, cuyas líneas centrales, deben ser trabajadas políticamente, en vinculación con la acción en las organizaciones populares y que deben tener como eje rector la incapacidad del modelo actual de desarrollo capitalista para satisfacer la diversidad de demandas sociales y, de esta forma, retomar los hilos históricos de construcción de una alternativa socialista y libertaria. Destacamos el rol que en este proceso debe cumplir la organización política revolucionaria, como un llamado a los referentes libertarios y en general a la militancia popular anarquista a vincularse a estos procesos y entre ellas, a afinar sus propuestas programáticas, la formación de sus cuadros, profundizando y ampliando la construcción del proyecto comunista libertario y tomar en cuenta las necesidades que se desprenden de ello.
Nuestra propuesta para la construcción de esta salida social, tiene como eje central la comprensión de que el objetivo para el actual momento, a partir de las movilizaciones, es fortalecer la organización social en la línea de construcción del poder popular. Esto implica en primer término el que en cada movilización que se vaya presentando, se debe apostar a ganar derechos sociales y económicos concretos, que vayan evidenciando los límites del modelo, y al mismo tiempo vayan potenciando la construcción de conciencia de clase de los sectores populares.
Por otra parte, y en forma complementaria con lo anterior, el fortalecimiento de las capacidades del pueblo pasa hoy por avanzar en la democratización de las organizaciones burocráticas. Como vimos, en los últimos tiempos se ha evidenciado la incapacidad de la CUT para encabezar la transversalización de las luchas sociales, así como también la limitación de la Confech para representar al conjunto del estudiantado. Aprovechando esta coyuntura debe plantearse con fuerza la articulación de los sectores clasistas, en función de comenzar a construir una movimiento sindical y de una central obrera- capaz de hacerse cargo del conjunto de las demandas populares, así como la consigna de la reformulación de la Confech, que debe ampliarse, sobre todo, hacia los sectores estudiantiles más precarizados, logrando una mayor afluencia de origen obrero.
Al mismo tiempo, se ve como necesario para avanzar en la conquista de derechos sociales, el plantear instancias de unidad social, desde abajo y en la lucha, entre los distintos actores populares, venciendo la resistencia hacia esta convergencia de parte de las direcciones burocráticas del movimiento social, donde se aloja la fuerza principal del reformismo organizado. Pero creemos importante entender que si el reformismo aún sigue a la cabeza del movimiento social, canalizando el descontento hacia sus intereses, no es porque estén destinados de forma indiscutible, sino que hoy no existen ni las condiciones ni la capacidad de otros sectores para ocupar esos espacios y sostener proceso de reconstrucción de las estructuras y de las lógicas de organización. Por ello, otro de los roles fundamentales de los sectores de intención revolucionaria en el actual momento, con este gran influjo de fuerza social, es plantearse seriamente la profundización de sus propuestas para alternativas de poder, potenciando formas nuevas de organización y de auto-conducción que logren abandonar, realmente, esas viejas estructuras que se han sostenido en el tiempo sólo por el vicio propio de la des-movilización y su consecuente burocratización.
Tal panorama nos da una opción real para buscar salidas de masas y desde abajo, disputando a aquellos que esperan desplazar toda esta fuerza hacia una “nueva institucionalidad”, fundada en una nueva constitución. Es ahora, y no mañana, cuando el desarrollo de alternativas de poder se vuelve un tema verosímil, por lo que es tarea necesaria y urgente construir y avanzar en la propuesta libertaria y popular y en los órganos que la hagan posible
¡Desde la movilización social, a construir poder popular!
¡Por el socialismo y la libertad!
¡Arriba las y los que luchan!
Federación Comunista Libertaria
viernes, 8 de julio de 2011
Porque la única salida al conflicto educacional es la social ¡A luchar, crear Poder Popular!
A los estudiantes movilizados y a
los sectores sociales en general:
En estos momentos aún álgidos de
movilización y lucha social en educación, y ante el anuncio emitido el día 5 de julio de 2011, por el presidente Piñera,
el Frente de Estudiantes Libertarios de Chile declara lo siguiente:
·
Las medidas anunciadas por el gobierno son
sustancialmente idénticas a las que ha venido anunciando los meses anteriores,
lo cual da cuenta que éste no ha cedido
nada ante la presión popular y que continúa con su agenda basada en potenciar el
lucro y el beneficio privado, De este modo, los anuncios no ofrecen
garantía en relación a la educación como derecho social , se presentan como
ejes totalmente antagónicos a las demandas estudiantiles y como un acto
burlesco develan aun mas las contradicciones pero no la solución.
·
La intransigencia del ejecutivo y de quienes lo
respaldan nos demuestran que éstos no
cederán a menos que se vean obligados a hacerlo. Esto es, cuando se vean afectados donde más les
duele: en sus ganancias y en su capacidad de gobernarnos, aquí recae la
importancia de sumar a esta movilización a los sectores estratégicos de la
producción, de la mano que se cimentan alianzas que superen esta coyuntura y
aporten a la construcción del movimiento popular.
·
Del mismo modo en que los de arriba avanzan en
su agenda, nosotros también debemos avanzar en la nuestra. En este sentido, este
año se han alcanzado ciertos hitos. Principalmente, se ha comenzado a construir
un movimiento donde están confluyendo distintos actores sociales y, se ha logrado plantear que esta lucha no es
por demandas aisladas sino que consiste en una disputa de proyecto educativo
y en última instancia, de un modelo de sociedad. Esto último es lo que nos
parece el mayor éxito de este proceso de movilizaciones.
·
Ante el temor al desgaste del movimiento y a la
posibilidad de no conseguir nada en esta coyuntura, hay quienes han llamado a
pensar en salidas institucionales al conflicto: solucionarlo en el parlamento,
castigar al gobierno en las elecciones o realizar un plebiscito por la
educación. Si bien esta preocupación es
legítima, debemos entender que las
fuerzas de este movimiento residen en nosotros mismos y nuestras organizaciones.
Todos los partidos políticos tradicionales comparten intereses con el gobierno,
pues sus dirigentes también participan del negociado en educación y se
benefician del lucro. Por tanto, cualquier
salida que ponga en manos de otros la solución del conflicto, definitivamente
debilitará nuestras fuerzas.
Por tanto, a nuestro juicio, hoy
es necesario avanzar en 2 aspectos:
1. En que nuestras organizaciones se vuelvan
más inclusivas y más democráticas. Esto implica, por ejemplo, que la
CONFECH sea capaz de ponerse a la altura de las circunstancias y se amplíe a
universidades privadas no tradicionales, que se democratice y sean sus bases
quienes determinen su conducción, así como ir construyendo instancias de
organización de secundarios a nivel nacional. En otras palabras, debe haber un
esfuerzo por fortalecernos a la interna.
2. Profundizar y transversalizar la discusión
del modelo educativo, lo cual implica sumar más actoresa esta discusión y
definir aún más el modelo educativo que todos queremos. Si no tenemos esto
definido, no tiene sentido votación alguna.
En base a ello, entendemos que la
discusión del sistema educativo que anhelamos ya comenzó en cada asamblea
local, en cada toma, en cada instancia organizativa. Lo que hoy necesitamos es
darle cuerpo, profundizarlo y transformarlo en un proyecto que sea entendido y defendido
socialmente. Insistimos que sólo lo lograremos sumando más actores en esta
tarea, particularmente a los trabajadores.
Esta lucha no estará perdida
hasta que firmemos nuestra derrota. En esta coyuntura hemos demostrado una
fuerza y energía inédita, pero no perdamos de vista que la lucha es hoy y
también mañana.
Nuestro llamado es a no dar el brazo a torcer, a seguir movilizados con
vocación de presión, pero teniendo claro que esto seguirá en el futuro y
habrá que estar tanto o más preparados que hoy.Por eso, debemos volvernos
fuertes desde la base y claros en nuestros objetivos.
Se siente, se escucha
¡ARRIBA LXS QUE
LUCHAN!
jueves, 23 de junio de 2011
lunes, 2 de mayo de 2011
Escuela y EUNACOM - FEL Medicina
Los “malos” resultados en el EUNACOM1 y la salida masiva de autoridades en la escuela, han sido los temas que han copado nuestras discusiones como carrera en estas últimas semanas. Como Frente de Estudiantes Libertarios nos gustaría compartir algunas apreciaciones al respecto.
jueves, 28 de abril de 2011
El futuro de la Educación es responsabilidad de Tod@s
Si bien es difícil señalar que en Chile existe educación pública, tampoco se puede señalar que el proceso de privatización y mercantilización de la educación sea un proceso finiquitado. Ya los anuncios realizados durante el año pasado por el gobierno el año pasado y las recomendaciones de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) permiten presuponer que se vienen importantes cambios en la educación superior (ESUP).jueves, 13 de enero de 2011
Bienvenidos Mechones 2011
Primero que todo, felicitaciones por este gran paso que has dado: entrar a la Universidad. Seguramente ahora te has convertido en el orgullo de tu familia por entrar a la más prestigiosa universidad del país. Claramente este es un logro producto de tu esfuerzo durante la enseñanza media, pero entrar a esta Universidad no solo es eso, también constituye un privilegio y una responsabilidad. Sí, una responsabilidad porque desde este espacio también es posible pensar el país que queremos y hacer un aporte a nuestra sociedad.
domingo, 5 de diciembre de 2010
Seguridad, Represión y Comunidad en JGM
En 2005 una compañera de la carrera de antropología fue gravemente herida por la brutalidad de los pacos, y este año, la asesina policía se dio el lujo de disparar balines de pintura al interior del campus y dar una golpiza a estudiantes de artes que se encontraban celebrando la licenciatura de uno de sus compañeros.
jueves, 28 de octubre de 2010
Más que un Concejero, un VOCERO
JOZELO CHAJTUR
Candidato FeL para Concejero FECh
Facultad de Filosofía y Humanidades
¿Quién es José Miguel, más conocido como Jozelo Chajtur?
Estudié en un colegio de orientación laica y, participé activamente en la “Revolución Pingüina” el 2006. Luego, durante mi estadía en la Universidad de Santiago estuve en las Movilizaciones del 2008 sobre la LGE, la LOCE y demandas internas, levantando junto con mis compañeros la Toma de la USACH, en especial del sector Jotabeche. Allí estudiaba Publicidad, pero la cambié por Filosofía, y por eso ingresé este año a estudiar a la Chile.
Junto a ustedes, me hice participe de este proyecto colectivo que ha sido dar continuidad a la organización de los estudiantes y a sus demandas políticas. Por lo mismo, trabajé en el proceso de constitución de la nueva orgánica y estatutos, y fui escogido por ustedes como Secretario de Comunicaciones y Delegado a la Coordinadora de Campus Juan Gómez Millas del C.G.R.
También, junto a varios compañeros, levantamos las Asambleas de Campus (que conllevarían la elaboración de un resumen informativo sobre los consensos generales de este espacio) y el Zonal Ñuñoa, en donde logramos confluir con los compañeros de la UMCE, la UTEM y los Estudiantes Secundarios de la comuna.
Desde el mes de Octubre, formo parte del Frente de Estudiantes Libertarios (FeL).
sábado, 3 de julio de 2010
Reforma Universitaria y Alzas del pasaje
Las trasformaciones que el gobierno actual pretende impulsar en educación superior ya tienen fecha de implementación. En entrevista publicada por la Tercera, el recién designado encargado de educación superior del MINEDUC, dio plazos para concretizar la serie de medidas que terminan con las pocas diferencias que persisten entre universidades tradicionales y privadas. Tal como lo plantemos en su momento, el traspaso de los aportes fiscales a convenios de desempeño, la creación de un consejo que mete en el mismo saco a todas las universidades, la futura eliminación del fondo solidario a costa del crédito con aval del estado, son medidas representativas de una política educacional coherente con la que implementó la dictadura y profundizó la concertación.
Paralelamente, las continúas alzas del transantiago efectuadas inteligentemente en el marco del fervor mundialero, golpean nuevamente no sólo a los estudiantes, sino al conjunto de la población que carece de auto propio y que por lo tanto se ve obligada a trasladarse diariamente como ganado, mientras un par de empresas subsidiadas por el Estado se llevan enormes utilidades.
La única alternativa que nos queda es clara: sólo en la calle y luchando es posible responder a las políticas del gobierno de turno. Sin embargo, ahora que la concertación se encuentra fuera del gobierno, intentará sacar ventajas electorales poniéndose a la cabeza de cualquier intento de movilización social que cuestione a Piñera y su gobierno de gerentes. Peor aún, la “izquierda” que ya se acomodó en sus escaños parlamentarios recién adquiridos, se presta para ese juego mientras nos llama en pos de la “unidad” y el “pragmatismo” a establecer alianzas con el sector más “progre” de la concerta.
Y ahí habrá que tener cuidado. No podemos dejar que demandas válidas y necesarias como las referentes a la Educación Pública y el Transporte, terminen sirviendo para sacar a flote el barco semi-hundido de la concertación, ya que ellos mismos, como representantes directos de un sector de la minoría privilegiada criolla, sentaron las bases que dan forma tanto al sistema educacional actual, como al transporte “público” en la capital. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos defender que la “unidad” a levantar, no es la que se teje “por arriba” entre los parlamentarios y algunos dirigentes, sino la que se construye al calor de la lucha, entre las organizaciones sociales que dan la pelea contra la precariedad de la vida.
Así que ahora que Chile se despide del mundial, démonos el tiempo necesario para discutir en nuestras asambleas los problemas que nos urgen, a ver si este segundo semestre desde el movimiento popular, somos capaces de evitar una nueva “goleada” de parte de los gobernantes de ayer y hoy.
martes, 29 de junio de 2010
Sobre elecciones del Senado Universitario: La democratización parte por casa
“La fiesta de la democracia una vez más ha sido celebrada en la casa de Bello” y los estudiantes se han podido manifestar a través de las urnas. Todos felices y orgullosos por una muestra más de civismo y participación a la chilensis. Ahora hinchan el pecho por nuestro Senado Universitario diciendo que es un ejemplo para el resto de las universidades del país.
Lo que no se dice, para no agriarnos el vino, es que esta forma de “democracia” llegó a acallar la intención de un verdadero proceso de democratización de la universidad que se gestó en las demandas y movilizaciones universitarias de 1997. Hoy por hoy, los famosos senadores discuten y votan lo que les entra en gana a ellos o a la tienda política que los respalda, sin que importe realmente la opinión y las inquietudes de quienes supuestamente representan. Por supuesto de su composición tampoco se habla: 27 académicos son elegidos en el Senado, 7 estudiantes y 2 funcionarios. Ni sumando a estudiantes y funcionarios, se puede siquiera colocar un tema en tabla para discusión. Si la música la ponen los viejos, que no nos extrañe que bailemos a su ritmo. Cerrando las posibilidades, si llegara a decidirse algo favorable, el rector -quien preside el senado- tiene siempre la capacidad del veto.
Como en las elecciones del parlamento, los candidatos nos llenan de promesas de campaña con las mismas consignas de siempre, vaciándolas de sentido: la “democratización”, el “acceso”, la “educación pública”, “congelamiento de aranceles”, etc.… Todas estas demandas son efectivamente válidas pero las han ido desgastando gracias a estos juegos. Pareciera dar lo mismo si los charlatanes nos venden la invención de la rueda como si fuese el último avance tecnológico. O tenemos amnesia o seguimos siendo demasiados inocentes al creer que dejando estos temas en manos de otros, se van a poder solucionar.
Aquellos con más labia o los que tengan un Partido que los financie podrán acomodar su trasero en un “honorable” sillón senatorial. Desde allí y como buenos caballeros dirán a los estudiantes “si te he visto no me acuerdo”.
A los que se nos dejó como meros espectadores: Solo nos queda organizar y luchar por una Universidad verdaderamente pública y democrática. El co-gobierno efectivo es el control por parte de la comunidad organizada de toda la institución. Para ello, todos los espacios de decisión deben estar en permanente contacto con los espacios de discusión de base de cada estamento. Esto implica que los representantes deben ser mandatados por sus bases y revocables en cualquier momento por las mismas.
Todo esto es posible, se trata de demandas históricas del movimiento estudiantil y que sólo podremos conseguir, organizándonos desde abajo, vinculando a nuestros compañeros, en conjunto con los demás estamentos, para tomar por nuestra cuenta la educación que queremos.
No nos dejemos usar por los intereses de partidos que reducen la participación y la democracia a un par de líneas en una papeleta o un cartel. Ya basta de consignas que reducen el contenido político de la participación y la democracia a un ejercicio pasivo, receptivo y reticente a generar un diálogo real en comunidad; porque la democracia directa es más que un grito, es un ejercicio político constante de empoderamiento por la comunidad de los espacios de decisión.
jueves, 15 de abril de 2010
Declaración publica FETRACOMA - SINTEC
A más de un mes de producida la catástrofe del terremoto y maremoto en Chile, los trabajadores del gremio de la construcción agrupados en FETRACOMA y SINTEC, declaramos públicamente:
1. Nuestra preocupación por la forma y el fondo de los distintos Proyectos de Reconstrucción que han planteado hasta la fecha los gremios patronales, en
conjunto con la clase política, los cualesestán marcados por un evidente interés en extraer ganancias de la tragedia, en beneficio directos de sus negocios. Un claro ejemplo de esto son las propuestas de la Cámara Chilena de la Construcción, las cuales si bien están orientadas a entregar soluciones habitacionales de manera rápida, ocupando los recursos disponibles de los subsidios vigentes, significan bajar casi por completo el stock de viviendas construidas por las grandes empresas que hasta la fecha, aun se veían perjudicadas por los efectos de la crisis económica.
2. Que producto de esta catástrofe, el Gobierno de turno tiene el campo llano para desmantelar los derechos sociales básicos que nos quedan, así como aumentar la precarización laboral con la excusa de la “reconstrucción”, bajando salarios, desmantelando la jornada laboral y eliminando la indemnización por años de servicio.
3. Que el financiamiento de la reconstrucción estará enfocado principalmente, como ya se está viendo, en el recorte del gasto social y el endeudamiento externo, lo cual perjudica enormemente el desarrollo social y económico del país. Es una farsa y una ilusión pensar en que el empresariado se auto impondrá medidas que perjudiquen sus negocios, como el aumento de impuestos a las grandes empresas.
4. Que no existe hasta el momento ninguna oposición ni política ni social que permita hacer frente a este escenario desolador. La profunda desorganización del movimiento obrero ha permitido que la patronal se ría en nuestras narices con la condescendencia de la CUT y los partidos políticos, que hace muchos años juegan para el otro equipo. De hecho, el mismo Martínez ya se bajó de nuevo los pantalones ante la patronal, declarando en los medios que nuestros derechos son negociables.
Por tanto, como trabajadores de la construcción, nos declaramos en ALERTA, y hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y al pueblo en general, a buscar las formas con las cuales hacer frente a esta ofensiva patronal, poniendo énfasis en la elaboración de una plataforma de lucha amplia, que incluya las demandas más sentidas por nuestra clase.
Saludamos en este sentido, las diversas iniciativas que se están llevando a cabo por la clase trabajadora en busca de su unidad e independencia, y solidarizamos con ellas, poniéndonos a la entera disposición para debatir estos proyectos y poner el hombro en la construcción de un movimiento que luche y avancé en la defensa de nuestros derechos.
¡Adelante compañeros, a luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad!
¡Arriba los que luchan!
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje y Otros - SINTEC Chile
Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera – FETRACOMA Chile
¡Arriba los que luchan!
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje y Otros - SINTEC Chile
Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera – FETRACOMA Chile
miércoles, 24 de marzo de 2010
Declaración pública de agradecimiento por parte de las organizaciones populares de la provincia de Arauco y Concepción.
A los compañeros y compañeras de las organizaciones que han solidarizado con la situación de los trabajadores y el pueblo chileno.
Las organizaciones abajo firmantes deseamos agradecer a los compañeros del Comité de Solidaridad Vecinos Organizados de Peñaflor, a la Asociación Gremial Campesina del Diguillín, Sociedad Agrícola El Carmen, Federación de Sindicatos Campesinos de Ñuble, a los compañeros de la Barra de Everton y Radio Comunitaria Nueva Aurora de Viña del Mar, al Sindicato SINTEC, y todas las organizaciones que en estos difíciles momentos han activado su apoyo solidario a las organizaciones de la clase trabajadora y el pueblo de la región del Bíobio, y en especial de las comunas de Talcahuano, Chiguayante, Coronel, Lota y Curanilahue.
El terremoto del 27 de febrero demostró la debilidad organizativa de la clase trabajadora y el pueblo de Chile. Sin embargo la realidad hizo surgir en la urgencia cientos de iniciativas espontáneas tales como comedores comunitarios, comités de vigilancias, entre otros, pero que con el transcurso del tiempo han ido cediendo al asistencialismo social y el clientelismo político.
Aquellos que no nos gusta estirar la mano, aquellos que nos levantamos día a día, de manera organizada, para conquistar mejores condiciones de vida, hoy venimos a decir con claridad, a ustedes compañeros, que estuvieron y están en la misma línea de construcción de un pueblo organizado, digno y soberano, que hoy, la reconstrucción de Chile y sus pueblos tiene dos opciones: Una, la de los poderosos, aquella que incentivará aun más la competencia en la sociedad mediante la búsqueda de soluciones de manera individual, aquella que insistirá en mantener a distancia a nuestros vecinos y compañeros de trabajo, mientras por arriba endeudará al país, flexibilizará las condiciones de compra y venta de la fuerza de trabajo e implementará proyectos inviables en términos medio ambientales con el argumento de la cesantía.
Por otra parte está la opción de extraer experiencias de nuestro quehacer, y hacer de la organización la urgencia de la clase trabajadora y sus pueblos, única herramienta para reconstruir dignamente nuestra patria, nuestra tierra, nuestra gente, y avanzar en nuestro propio camino.
Agradecemos nuevamente a ustedes compañeros por su hermandad, esperando que desde mañana no solamente nos encontremos en situaciones como las que vivimos, sino también aunemos fuerza para la reconstrucción, la cual creemos que sólo puede ser con una clase trabajadora y un pueblo organizado, digno y soberano.
Colectivo Juventudes Populares de Curanilahue
Sindicato de Estibadores SVTI Puerto San Vicente, Talcahuano.
Sindicato Interempresa del Puerto de Coronel.
Sindicato Estibadores de Coronel Nº1.
Sindicato Estibadores de Coronel - Primero.
Sindicato MABE- Muelle CAP, Talcahuano.
Sindicato Lista Nº 2 San Vicente, Talcahuano.
Sindicato de Embaladores Puerto de Talcahuano
Federación de Trabajadores Forestales de Arauco, FETRAFOR
Sindicato de Trabajadores Forestales SERGALL, Arauco.
Sindicato de Trabajadores Eventuales y Transitorios “Construyendo Futuro”, Curanilahue.
Coordinadora de Trabajadores Cesantes de Hualpencillo.
Sindicato de Tripulantes Pesquera San José
Sindicato de Trabajadores del Montaje Industrial - SITRAMICSCCH
Sindicato Regional Interempresas de Trabajadores del Montaje y la Construcción - SIMACO VIII Región
Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres “El Esfuerzo”, Chiguayante.
Junta de Vecinos Nº 21 Alianza, Higueras, Talcahuano.
Pobladores Población Libertad, Talcahuano
Junta de Vecinos Leonera, Chiguayante.
Colectivo Unidad y Cultura, Higueras, Talcahuano.
Frente de Estudiantes Libertarios de Chile, Región del Bio Bio.
Agrupación de Géneros Libertarios, AGL.
Agrupación Punto G - Concepción.
Unidad Muralista de Chiguayante.
Organización Comunista Libertaria de Chile.
Las organizaciones abajo firmantes deseamos agradecer a los compañeros del Comité de Solidaridad Vecinos Organizados de Peñaflor, a la Asociación Gremial Campesina del Diguillín, Sociedad Agrícola El Carmen, Federación de Sindicatos Campesinos de Ñuble, a los compañeros de la Barra de Everton y Radio Comunitaria Nueva Aurora de Viña del Mar, al Sindicato SINTEC, y todas las organizaciones que en estos difíciles momentos han activado su apoyo solidario a las organizaciones de la clase trabajadora y el pueblo de la región del Bíobio, y en especial de las comunas de Talcahuano, Chiguayante, Coronel, Lota y Curanilahue.
El terremoto del 27 de febrero demostró la debilidad organizativa de la clase trabajadora y el pueblo de Chile. Sin embargo la realidad hizo surgir en la urgencia cientos de iniciativas espontáneas tales como comedores comunitarios, comités de vigilancias, entre otros, pero que con el transcurso del tiempo han ido cediendo al asistencialismo social y el clientelismo político.
Aquellos que no nos gusta estirar la mano, aquellos que nos levantamos día a día, de manera organizada, para conquistar mejores condiciones de vida, hoy venimos a decir con claridad, a ustedes compañeros, que estuvieron y están en la misma línea de construcción de un pueblo organizado, digno y soberano, que hoy, la reconstrucción de Chile y sus pueblos tiene dos opciones: Una, la de los poderosos, aquella que incentivará aun más la competencia en la sociedad mediante la búsqueda de soluciones de manera individual, aquella que insistirá en mantener a distancia a nuestros vecinos y compañeros de trabajo, mientras por arriba endeudará al país, flexibilizará las condiciones de compra y venta de la fuerza de trabajo e implementará proyectos inviables en términos medio ambientales con el argumento de la cesantía.
Por otra parte está la opción de extraer experiencias de nuestro quehacer, y hacer de la organización la urgencia de la clase trabajadora y sus pueblos, única herramienta para reconstruir dignamente nuestra patria, nuestra tierra, nuestra gente, y avanzar en nuestro propio camino.
Agradecemos nuevamente a ustedes compañeros por su hermandad, esperando que desde mañana no solamente nos encontremos en situaciones como las que vivimos, sino también aunemos fuerza para la reconstrucción, la cual creemos que sólo puede ser con una clase trabajadora y un pueblo organizado, digno y soberano.
Colectivo Juventudes Populares de Curanilahue
Sindicato de Estibadores SVTI Puerto San Vicente, Talcahuano.
Sindicato Interempresa del Puerto de Coronel.
Sindicato Estibadores de Coronel Nº1.
Sindicato Estibadores de Coronel - Primero.
Sindicato MABE- Muelle CAP, Talcahuano.
Sindicato Lista Nº 2 San Vicente, Talcahuano.
Sindicato de Embaladores Puerto de Talcahuano
Federación de Trabajadores Forestales de Arauco, FETRAFOR
Sindicato de Trabajadores Forestales SERGALL, Arauco.
Sindicato de Trabajadores Eventuales y Transitorios “Construyendo Futuro”, Curanilahue.
Coordinadora de Trabajadores Cesantes de Hualpencillo.
Sindicato de Tripulantes Pesquera San José
Sindicato de Trabajadores del Montaje Industrial - SITRAMICSCCH
Sindicato Regional Interempresas de Trabajadores del Montaje y la Construcción - SIMACO VIII Región
Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres “El Esfuerzo”, Chiguayante.
Junta de Vecinos Nº 21 Alianza, Higueras, Talcahuano.
Pobladores Población Libertad, Talcahuano
Junta de Vecinos Leonera, Chiguayante.
Colectivo Unidad y Cultura, Higueras, Talcahuano.
Frente de Estudiantes Libertarios de Chile, Región del Bio Bio.
Agrupación de Géneros Libertarios, AGL.
Agrupación Punto G - Concepción.
Unidad Muralista de Chiguayante.
Organización Comunista Libertaria de Chile.
sábado, 6 de marzo de 2010
Comunicado Comite de Solidaridad
En estos momentos de incertidumbre y dolor para nuestro pueblo, y en medio de la tragedia y la destrucción en las ciudades del Sur de nuestro país, hemos podido ver cómo pasados algunos días, se va levantando la solidaridad y la organización desde abajo.
El Estado fue incapaz de responder con prontitud a la catástrofe pues su primera prioridad fue proteger la propiedad privada de los grandes supermercados en vez de repartir ayuda a quienes la necesitaban (y necesitan) con urgencia. Hubo casos criminales de negligencia, como en la Marina que no dieron la alerta de tsunami, o una incapacidad manifiesta de llevar ayuda a quienes perdieron todo luego del terremoto.
Las comunicaciones se cortaron casi inmediatamente, con flamantes autopistas consecionadas por las que todos pagamos peajes destruidas, y una creciente violencia para conseguir alimentos mínimos, que en las zonas más afectadas no se podían encontrar. Sin servicios básicos, alimentos ni comunicaciones con el resto del país, se fueron levantando poco a poco ollas comunes y grupos de autodefensas en villas y poblaciones.
Un pueblo organizado resiste mejor cualquier tragedia
Frente al “sálvese quién pueda” que se nos enseña desde el momento de nacer, y que crece en momentos de carencia, no debe haber otra respuesta que el apoyarse en el del lado: el vecino, el compañero de trabajo, con quien quizás se ha vivido al lado durante años y con el que apenas se cruza una palabra en una semana. Sin embargo, él que sufre lo mismo que nosotros, y el que está primero cuando lo necesitamos, confirmando que la única manera de salir adelante es a través de la solidaridad de clase, aquella que crece cuando los que manejan el Estado y la empresa privada no responden.
Nuestro llamado es multiplicar la solidaridad de clase, a levantar los Comités de Solidaridad Popular en nuestros sindicatos, poblaciones y villas y a gestionar la ayuda indispensable para quienes necesitan hoy con urgencia, que sus hermanos estén a su lado.
¡Solo el pueblo ayuda al pueblo!
http://soloelpuebloayudaaelpueblo.blogspot.com/
soloelpuebloayudaalpueblo@yahoo.cl
jueves, 18 de febrero de 2010
La red de Sapos en las Ues de Colombia
Difundimos un artículo realizado por José Antonio Gutiérrez y publicado en la página www.anarkismo.net, que trata un aspecto preocupante acerca de la realidad universitaria en Colombia, la presencia de "sapos" al servicio del gobierno fascista del señor Uribe.
La Red de “Sapos” Universitarios –¿un nuevo paso hacia la fascistización
[1] Para más detalles sobre esta ofensiva hacia las universidades se puede revisar el documento colectivo “La otra guerra de Uribe: los estudiantes y las universidades públicas” en http://www.anarkismo.net/article/13942
[2] http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2...9.stm
[3] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo1...rmant
[4] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloim...e=0,3
[5] http://www.prensarural.org/recorre/detenciones.htm
[6] Para más detalles sobre los falsos positivos, la seguridad democrática y los auto-atentados, ver http://www.anarkismo.net/article/10199
[7] http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpre...moria
[8] Para un escueto informe sobre los presos politicos en Colombia revisar http://www.anarkismo.net/article/9518
[9] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo1...ejerc
[10] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo1...dades
[11] http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloim...e=0,1
[12] “El Medellín que se Oculta”, Plano Sur, Nodo-Cepa Medellín. En revista Cepa, Año IV, Número 9, Agosto 2009.
[13] http://www.elespectador.com/columna185366-lena-hoguera
[14] http://www.anarkismo.net/article/13942
[15] http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloim...e=0,1
[16] Nunca la “autonomía” universitaria es completa.
[17] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/joseobdulio...387-1
[18] Poulantzas, Nicos “Fascismo y Dictadura”, Ed. Siglo XXI, 2005, p.393
[19] No es necesario referirse en detalle a la larga lista de escándalos que han rodeado al DAS en el último tiempo, desde acusaciones sobre vínculos con el narcotráfico, hasta lazos bien establecidos con el paramilitarismo y la realización de labores sistemáticas de hostigamiento, amenazas, persecución y espionaje, en contra de dirigentes populares, miembros de la oposición y organismos de derechos humanos.
[20] Ibid.
[21] Ni mucho menos me dejo llevar por la tentación superficial, tan en boga, de ciertos politólogos colombianos que han convertido en su manera preferida de criticar a Uribe, comparaciones formales y vaciadas de contenido, con Chávez. Es decir, a tal grado ha llegado la consumación del servilismo intelectual en Colombia que ya es imposible criticar a Uribe sin primero condenar a Chávez, o aún más, se condena a Uribe a través de Chávez: por ser su hermano gemelo, su homólogo, son tan parecidos, se retroalimentan, los dos son “totalitarios” (término que se usa de la manera más nebulosa posible) y otras estupideces por el estilo.
La Red de “Sapos” Universitarios –¿un nuevo paso hacia la fascistización 
de Colombia?
A raíz del cambio climático, los sapos, que son unos anfibios muy sensibles a la variación de la temperatura, están a riesgo de desaparecer en muchos rincones del mundo. Pero no en Colombia. Allá proliferan y se reproducen como en ningún otro lugar del planeta. Desde el primer día de Uribe en el gobierno, se puso énfasis en reforzar los aspectos cívico-militares de una estrategia
contrainsurgente global llamada de “Seguridad Democrática”, expresión ofensiva del Plan Colombia, mediante la creación de una amplia red de informantes civiles. Hoy, al final del segundo período de su mandato, Uribe se propone expandir esta red de informantes entre los incómodos y revoltosos estudiantes universitarios, que ciertamente, necesitan una buena dosis de “patriotismo” y de “disciplina” para mantenerse alejados de todo lo que huela a disenso. Aún cuando no falten razones para suponer que esta noticia ha sido manipulada con el fin de echar una cortina de humo ante los problemas que enfrenta la Emergencia Social en Salud y el profundo descontento que ha generado, no por ello podemos caer en el error de pasar por alto la importancia de esta medida. Esta política, en realidad, no es novedosa, sino que es el corolario de un plan de agresiones sistemáticas agitado por el uribismo en contra de la comunidad universitaria, el cual ha sido profundizado durante su segundo período en el poder[1].
Seguridad Democrática y la Red de Cooperantes
El plan de formar una red de informantes fue formalizado en Valledupar, las tierras del paramilitar alias Jorge 40, el 8 de Agosto en el 2002[2]. Como parte de este plan, se comenzó un acelerado reclutamiento de informantes a sueldo que, encapuchados, hacían sus denuncias y señalamientos de manera no muy diferente a aquellos informantes utilizados por las bandas paramilitares a comienzos de los ’90. En verdad, podemos decir que la Red de Cooperantes, como se le llamó, fue la institucionalización del sistema de informantes y “sapeo” inaugurada por el paramilitarismo, extendida nacionalmente por las AUC durante sus correrías para limpiar el campo de “guerrilleros” a fines de los ’90 y que desembocaron en atroces masacres como El Salado, Mapiripán, etc. Esta red ahora recibía la bendición oficial del Estado colombiano y en diciembre se perfeccionaba mediante el decreto 3222 de 2002 que creaba las “Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana”, que coordinaba al sistema de seguridad público con el privado –el cual está plagado de paramilitares y sicarios. Hoy, la red de “cooperantes” (sapos) cuenta ni más ni menos que con 2.200.000 personas que regularmente reciben alguna forma de recompensa económica por cumplir las tareas de vigilancia del gobierno[3].
Esta iniciativa fue ampliamente denunciada por organismos de derechos humanos y movimientos populares porque agudizaba el involucramiento de civiles en el conflicto y por romper el tejido social sembrando la desconfianza y el temor. De hecho, no han sido pocas las veces en que los señalamientos de los “sapos” ocultos tras sus capuchas se dirigieron a sellar disputas privadas o a hostigar a la oposición no armada. Este fenómeno se había dado ya antes con los sapos de las AUC como confiesa el jefe paramilitar alias HH:
“Murieron más inocentes que culpables (...) Todas eran personas de civil que murieron en los pueblos. Nosotros sí cometimos muchos errores en el Urabá, porque nos basábamos en información que nos daban los comandos populares, que eran desmovilizados del EPL. Y matamos mucha gente sólo por el hecho de que ellos los señalaran. Con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta de que muchos de los señalados eran por problemas entre ellos, que nada tenían que ver con la subversión y debido a eso, todas esas personas que nos engañaron también murieron a manos nuestras (…) Eso fue un problema porque en un principio nos daban información que no era y muchos inocentes cayeron.”[4]
Con la implementación de la red de cooperantes del uribismo se han cometido actos igualmente arbitrarios aunque, en este caso, de manera aún más cínica ya que el Estado se ha lavado olímpicamente las manos de su responsabilidad. No han sido pocos los casos de personas que ajustaron cuentas personales mediante la delación o en que se ha utilizado a estos informantes anónimos para apoyar persecución política, mediante testimonios ficticios, alterados, inducidos, etc[5]. Esto, sin mencionar el hecho de que, al convertirse el sapeo en un lucrativo negocio, muchos informantes tratan de mantenerse ocupados buscando conspiraciones en cada esquina, y donde no la encuentran, pues se la inventan: esto no es un problema exclusivo de la “red” sino que es transversal a toda la estrategia de Seguridad Democrática que, al basar su estrategia contra-insurgente en la lógica de la retribución económica (lógica gemela a la que se consolidó con el sicariato en Medellín de la mano del famoso -ese si- narco-terrorista de Pablo Escobar), ha redundado en que muchos “informantes” elaboren completamente sus acusaciones o estén ellos mismos ocupados manufacturando las situaciones a denunciar. Acá el sapeo se da la mano con los falsos positivos, es decir, con los montajes de la fuerza pública debido a las presiones de los mandos por mostrar resultados o por ambición económica; un caso patético se dio el 15 de Julio del 2006, en que un individuo abandonó un carro bomba en el sur de Bogotá (barrio Molinos)… ¡para luego cobrar la recompensa por pasar la información sobre esta amenaza “terrorista”![6]
A esta red de cooperantes se sumó la práctica de las detenciones masivas, verdaderas “pescas milagrosas” uribistas, que multiplicaron por mil los atropellos ocasionados por esta política de recompensas. Tan sólo en el período de Agosto 2002 a Agosto del 2004 hubo 77 detenciones masivas (de más de 20 personas) con las cuales fueron privadas de libertad 5.535 personas, todos campesinos o personas de extracción popular –para demostrar la arbitrariedad de esta medida, basta citar que tan sólo el 2% de estos casos recibieron alguna forma de condena[7]. Sin embargo, si la justicia ordinaria no pudo encontrar nada en contra de estas personas (salvo alguna filiación política, sindical o social molesta para los mandarines del gobierno)[8], la justicia paramilitar sí supo dar condena sumaria a su manera: no son pocos los casos de personas que, una vez dejadas en libertad por falta de pruebas, han sido a los pocos días asesinadas por sicarios.
Los estudiantes sapos, paramilitarización universitaria y el Medellín violento
Esta extensa red de sapos, aún cuando algunos comentaristas ingenuos insistan en que ha sido “ineficiente”, ha sido tremendamente eficaz, quizás no para su objetivo manifiesto, pero sí para su objetivo real: sembrar el terror y la desconfianza en la población, mientras el aparato para-policial del Estado se extiende por el conjunto del tejido social como un auténtico “Gran Hermano” que lo observa, que lo sabe y que lo juzga todo, aún los “malos pensamientos”.
Por eso no basta con que aproximadamente el 5% de la población (¡2.200.000 personas!) sean sapos a sueldo del Estado ni que las fuerzas militares tengan a 450.000 efectivos en sus filas. La creciente militarización de la sociedad colombiana, el afianzamiento de sus tentáculos para-policiales/militares y el creciente autoritarismo del “Generalísimo” Uribe que quiere someter a todas las esferas de la vida social a su escrutinio minucioso, requiere hoy de un nuevo empuje a esta política, llevándola a los campus universitarios, donde se pretende reclutar por lo menos a 1.000 estudiantes y darles un sueldo mensual de $100.000 para que vigilen (sapeen) y controlen a sus compañeros[9]. La propuesta fue anunciada a fines de Enero, y ha sido adornada con bastante lirismo en las declaraciones de Uribe para ocultar el tufo nauseabundo que hay detrás de ella:
"Esta es una convocatoria general a la ciudadanía y claro todos los jóvenes que nos quieran ayudar, magnifico, es que se necesita; además eso induce una cultura de respeto a la normatividad (...) a mí lo que me preocupa es mantener a los jóvenes en esa desprotección y el silencio cuando los asesinan.
(…)La inteligencia de la Fuerza Pública y de la administración de justicia requiere un elemento anterior que es la información y se requiere que la ciudadanía informe; sin información ciudadana la misma ciudadanía queda muy sometida a la criminalidad del narcotráfico por la incapacidad de las Fuerzas Armadas de proteger eficazmente a la ciudadanía."[10]
La razón dada para esta red de sapos en las universidades, es el innegable aumento de la violencia en Medellín, violencia que refleja las grietas de la Seguridad Democrática así como sus basamentos endebles: según Medicina Legal, en el 2009 se cometieron 2.178 homicidios en Medellín, un aumento de 108% respecto al 2008[11]. Pero esta violencia no refleja una mayor penetración “guerrillera” en la ciudad o una mano insuficientemente dura con el crimen, como pareciera desprenderse de los argumentos oficialistas: la supuesta “paz” lograda por la administración de Sergio Fajardo en Medellín, realmente coincidió con el proceso de control del área metropolitana por el mando unificado del paramilitarismo tras una larga y sangrienta lucha de dominio en esta región. La paz cosmética, en realidad, ocultaba hegemonía mafiosa con complicidad de las autoridades locales. Con la ruptura del mando unificado tras la disolución de las AUC, se exacerbó la lucha por el control de las redes de economía mafiosa por parte de los mandos medios de los nuevos grupos paramilitares; si a esto se suma el vertiginoso aumento del desempleo y la miseria a consecuencia de la crisis económica, encontramos todos los elementos para explicar el alza de la violencia homicida en Medellín[12].
Pero, ¿qué tiene que ver esta realidad de violencia en Medellín con los estudiantes universitarios? Nada. O casi nada. El grueso de estos hechos de violencia ocurre en los barrios periféricos, en las comunas, no es los recintos universitarios. Una estrategia de seguridad que buscara, efectivamente, frenar esta ola de violencia se centraría en los espacios en donde esta lucha paramilitar y mafiosa se está librando; el cinismo de la propuesta no ha pasado desapercibido a ciertos comentaristas que han indicado correctamente que “no se neutraliza en los centros de estudio la violencia entre carteles que tiene lugar en las comunas de Medellín”[13].
Si algo tiene que ver el alza de la violencia en Medellín con las universidades, es que desde Uribe se ha incrementado la presión hacia los recintos universitarios como parte de una creciente persecución del pensamiento disidente y de una estrategia global de represión, intervención y control de las universidades públicas. Junto a la criminalización de la protesta estudiantil (como parte de la criminalización de toda forma de protesta social), la represión violenta de los organismos policiales (ESMAD), y a la campaña macartista que desde los medios de comunicación de masas denuncia a las universidades como nidos de guerrilleros, el país asiste a una acelerada paramilitarización de las universidades públicas: ahí está la intervención piloto de las universidades costeñas por las AUC, al mando de Mancuso, desde 1999 (proceso consolidado con el ascenso al poder de Uribe en el 2002); ahí está el “Plan Pistola” de la UIS con el rector facilitando listas de estudiantes “rojos” a los paramilitares para que los “limpien”; y ahí está la campaña de amenazas, asesinatos selectivos, toques de queda y listas de “limpieza social” que se ha acelerado dramáticamente en el último par de años, pero que viene en alza de manera pronunciada desde la inauguración del segundo período de Uribe en el poder (2006). Ahí es donde existe la única relación lógica entre estudiantes y paramilitares: en que el paramilitarismo, en medio del recrudecimiento de su violencia, coordina agresiones sistemáticas en contra de la comunidad universitaria[14].
Esta propuesta, hay que decirlo categóricamente, no puede sino empeorar la situación de violencia que sufre la comunidad universitaria, al entregar un respaldo y soporte institucional abierto, formalizado y legitimado a la paramilitarización universitaria –no es difícil imaginarse de qué elementos se nutrirá esta red de “sapos”. Los mismos paramilitares infiltrados que hoy deslizan panfletos amenazantes bajo las puertas, servirán de caldo de cultivo para esta red de sapos. Uribe lo sabe bien gracias a la experiencia de las Convivir que él mismo auspició en los ’90 como gobernador de Antioquia y que luego se convirtieron en las estructuras de fachada para permitir el desarrollo y la convergencia paramilitar en un plan nacional. Y cómo termina la historia, es algo que ya se sabe: se dirá, uy, qué pena, se nos salió de las manos, era una buena intención pero salió mal, etc. Es decir, se volverán a lavar las manos cuando el daño ya esté hecho.
Es difícil creer que esta iniciativa de redes de para-estudiantes sea una respuesta a la violencia de Medellín: esta no ha sido otra cosa que la excusa para poder presentar a la opinión pública lo impresentable. Según un artículo del Espectador, los días 16 y 27 de Abril en el 2007, la Embajada de EEUU en Colombia organizó un seminario sobre el manejo de informantes que demuestra que hay una estrategia más profunda detrás de esto, una estrategia de construcción, por parte del uribismo, de un Estado autoritario coincidente con los intereses de control hemisférico de Washington[15].
Las redes de estudiantes sapos: un paso más en la fascistización de Colombia
La estrategia global de control e intervención a las universidades en Colombia, tiene relación, por un lado, con la represión a un movimiento social que antagoniza con el modelo económico y social impulsado desde el uribismo. Pero lo fundamental es que en las universidades, si se preserva un grado relativamente elevado de autonomía[16], se encuentra la potencialidad disidente, el argumento en contra de la razón de Estado –por esa razón, el espacio universitario es un espacio que ningún régimen de corte totalitario puede dejar sin intervenir. La persecución a la intelectualidad disidente y a la posibilidad misma de disentir con el discurso recalentado y desgastado de la Seguridad Democrática es ejemplificada magistralmente por aquel aprendiz de Goebbels y primo de Pablo Escobar, que fuera ex asesor del presidente Uribe: nos referimos, ni más ni menos que a José Obdulio Gaviria. En su última diatriba en El Tiempo (dónde más), nos resume la doctrina uribista:
“Colombia debería dar el salto jurídico y perseguir, sin complejos, cualquier expresión 'comprensiva' con la guerrilla, y, ¿por qué no?, neutralizar esa campaña sistemática de desmoralización de la Fuerza Pública. ¿Puede permanecer impávido un Estado en la disputa por el territorio moral? ¿Puede renunciar a combatir al crimen? (…) ¿Por qué, entonces, Colombia no puede castigar a los apologistas de las Farc? ¿Por qué no puede perseguir a quienes legitiman la 'lucha armada' (según ellos, 'conflicto social y político armado'), o la propaganda a favor del secuestro (o 'retención de prisioneros de guerra')? ¿Por qué dejar impune el discurso sobre la invencibilidad de la banda terrorista y la consecuente exigencia de rendición del Estado (o 'salida política negociada')? Jorge Enrique Botero, periodista, recorre el mundo haciendo apología de las Farc. Pero nuestra justicia y varios medios de comunicación le reconocen una extraña inmunidad que le garantiza impunidad. ¡Bueno...! No 'extraña'. Digamos, mejor, poderosa.”[17]
Es en este clima en el cual podemos mejor entender la nueva propuesta uribista. Un clima de creciente persecución, de recrudecimiento de las “pescas milagrosas” del Estado, de una progresiva limitación de los espacios de opinión y de manifiesta fascistización del país. Y no digo “fascistización” como mero sinónimo de “ultra-derecha”. Lo digo en un sentido muy preciso, y es el de un Estado que avanza hacia una determinada forma de “excepción” en la cual hay muchos rasgos tanto generales como peculiares que comienzan a manifestarse contradictoriamente (duplicación de las instituciones estatales, hipertrofia del Ejecutivo, primacía absoluta del Gran Capital, apoyo de las clases medias urbanas a un proyecto político que busca anular las garantías normales de la democracia burguesa, aplicación del führer-prinzip, es decir, la voluntad ilimitada del jefe por sobre las regulaciones legales, con la consecuente subordinación del poder judicial a las otras ramas del Estado, etc., etc., etc.). La resolución de estas contradicciones a manos del uribismo llevará, sin lugar a dudas, a un fascismo establecido. El fascismo, en cuanto forma particular de Estado de excepción capitalista, se distingue de otras formas de Estado de excepción según el aparato de Estado que ejerce la primacía: en el caso del fascismo, la primacía queda en manos de la policía política una vez que el sistema se ha consolidado[18]. En el caso colombiano, no nos estamos refiriendo solamente al DAS, el cual de por sí, ha rebasado con mucho sus atribuciones y se ha convertido en un enlace entre los aparatos para-institucionales, y más precisamente, paramilitares, con la estructura del Estado[19]. También nos estamos refiriendo a esta red de sapos que, efectivamente, se ha establecido como una policía política numerosa, a la cual acuden millones de personas como mecanismo de obtener prebendas y beneficios económicos y sociales. La cultura mafiosa, de esta manera, hace pacto de sangre con la fascistización del Estado colombiano. Esta policía política cumple una función ante todo ideológica, permeando al conjunto de la sociedad, trasmitiendo una imagen de omnipresencia del proyecto autoritario.
Con la consolidación del proceso de fascistización, es la sociedad en su conjunto la cual se convierte a sí misma en policía política. Dice Gramsci sobre el fascismo italiano:
“[Debe entenderse a] la policía en sentido amplio, es decir, no simplemente la del servicio del Estado destinada a la represión de la delincuencia, sino el conjunto de las fuerzas organizadas por el Estado y los particulares (…) para proteger la dominación política y económica de las clases dirigentes. En este sentido es en el que lo mismo algunos partidos políticos que algunas organizaciones económicas o de otro género deben ser por entero consideradas como organizaciones de policía política, por tener un carácter de investigación y de prevención”[20].
Cuando en todas las instancias de organización de la vida social se pretende incorporar el elemento vigilante, primero mediante la instalación de informantes, después mediante la modificación misma de la naturaleza de estas expresiones sociales (sean clubes deportivos, sindicatos, gremios como los taxistas, etc.) para cumplir el rol de prevenir y vigilar en contra del “enemigo interno”, estamos ante un proceso de fascistizacion abierto y manifiesto. Insisto, no estoy utilizando el término a la ligera sino que en un sentido muy preciso[21].
¿Corresponde este cuadro a la realidad colombiana? Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones según cómo analice la realidad colombiana. Lo que sí es fundamental, es dejar de utilizar el término “fascista” a la ligera, como sinónimo de conservador, godo, ultra-derechista, de facho, etc. Es preciso entender exactamente qué significa esta manoseada expresión y los riesgos que el fascismo conlleva para el movimiento popular. Porque si hay un elemento trágico en el ascenso de los fascismos europeos durante el siglo XX, fue que en todo momento eran evitables –hasta el momento mismo de su consolidación. Toca al movimiento estudiantil y popular colombiano tomar nota. Porque el croar de los sapos en las universidades puede estar anunciando una noche muy, muy, obscura.
José Antonio Gutiérrez D.
12 de Febrero, 2010
[1] Para más detalles sobre esta ofensiva hacia las universidades se puede revisar el documento colectivo “La otra guerra de Uribe: los estudiantes y las universidades públicas” en http://www.anarkismo.net/article/13942
[2] http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2...9.stm
[3] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo1...rmant
[4] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloim...e=0,3
[5] http://www.prensarural.org/recorre/detenciones.htm
[6] Para más detalles sobre los falsos positivos, la seguridad democrática y los auto-atentados, ver http://www.anarkismo.net/article/10199
[7] http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpre...moria
[8] Para un escueto informe sobre los presos politicos en Colombia revisar http://www.anarkismo.net/article/9518
[9] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo1...ejerc
[10] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo1...dades
[11] http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloim...e=0,1
[12] “El Medellín que se Oculta”, Plano Sur, Nodo-Cepa Medellín. En revista Cepa, Año IV, Número 9, Agosto 2009.
[13] http://www.elespectador.com/columna185366-lena-hoguera
[14] http://www.anarkismo.net/article/13942
[15] http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloim...e=0,1
[16] Nunca la “autonomía” universitaria es completa.
[17] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/joseobdulio...387-1
[18] Poulantzas, Nicos “Fascismo y Dictadura”, Ed. Siglo XXI, 2005, p.393
[19] No es necesario referirse en detalle a la larga lista de escándalos que han rodeado al DAS en el último tiempo, desde acusaciones sobre vínculos con el narcotráfico, hasta lazos bien establecidos con el paramilitarismo y la realización de labores sistemáticas de hostigamiento, amenazas, persecución y espionaje, en contra de dirigentes populares, miembros de la oposición y organismos de derechos humanos.
[20] Ibid.
[21] Ni mucho menos me dejo llevar por la tentación superficial, tan en boga, de ciertos politólogos colombianos que han convertido en su manera preferida de criticar a Uribe, comparaciones formales y vaciadas de contenido, con Chávez. Es decir, a tal grado ha llegado la consumación del servilismo intelectual en Colombia que ya es imposible criticar a Uribe sin primero condenar a Chávez, o aún más, se condena a Uribe a través de Chávez: por ser su hermano gemelo, su homólogo, son tan parecidos, se retroalimentan, los dos son “totalitarios” (término que se usa de la manera más nebulosa posible) y otras estupideces por el estilo.
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